Salario mínimo, la peor salida de Alejandro Maldonado en Guatemala

Poco menos de dos semanas antes de entregar la presidencia, Alejandro Maldonado está envuelto hoy en una polémica por lo que algunos consideran su peor decisión desde que asumiera como gobernante de Guatemala: un salario mínimo diferenciado.

La medida, dada a conocer el 31 de diciembre, estrechó la puerta por la cual saldrá el mandatario al despertar las críticas de los sindicatos, del Colegio de Abogados al cual pertenece y hasta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Alberto Brunori.
El funcionario calificó de regresiva esa disposición, por cuanto aumenta la vulnerabilidad de las y los trabajadores y declaró que "la decisión de aplicar un salario mínimo diferenciado es contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Guatemala".
A su vez recordó que el salario mínimo diferenciado obstaculiza el desarrollo sostenible y que la explotación de la mano de obra no propicia el desarrollo económico y social.
Casi paralelo a esas declaraciones tuvo lugar en la Plaza de la Constitución, frente al capitalino Palacio de la Cultura de Guatemala, la primera protesta ciudadana del año contra los acuerdos gubernativos 304-2015, 305-2015, 306-2015 y 307-2015.
Estos fijan un salario mínimo diferenciado para los trabajadores de las industrias de manufactura ligera para la exportación que se establezcan en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (departamento El Progreso, Centro); Estanzuela (Zacapa, Oriente) y Masagua (Escuintla, Sur).

Acnudh destacó que ese monto es 23 por ciento inferior al salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila a nivel nacional -de cuatro y 3,5 por ciento, de manera respectiva-, lo cual no cubre el costo de la Canasta Básica Vital.

Con antelación, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (Misicg) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los acuerdos gubernativos acerca del pago límite, al que tachó de discriminatorio.

"Mediante tales acuerdos se inicia un camino progresivo de regresión en las condiciones laborales garantizadas a los obreros en Guatemala, reduciendo la protección de la ley en cuatro municipios", afirmó el bloque y opinó que con eso Maldonado convirtió el salario mínimo en una garantía para las élites económicas.

Con el ánimo de responder a las críticas, el mandatario saliente compareció el lunes a una entrevista en el Canal Antigua y frente a las cámaras defendió su determinación so pretexto de atraer inversiones al llamado Corredor Seco, "donde hay hambre, donde no hay trabajo y la gente migra".
Expresó, además, que esos salarios mínimos diferenciados permitirán la instalación de nuevas empresas y ofrecerán a los jóvenes de estas zonas la oportunidad de formarse, así como de ayudar a sus familias económicamente.
Según Maldonado, quien deberá entregar el cargo el 14 de enero, definió sobre el tema en 48 horas y con ello satisfizo una petición de las autoridades de las propias municipalidades, que ven en esto una oportunidad de disminuir el desempleo.
De igual modo, criticó la supuesta hipocresía social en la que vive Guatemala, donde cerca del 70 por ciento de la población depende del trabajo informal y parte de esta pudieran incorporarse a nuevos puestos con todos sus derechos.
Pareciera que ciertas personas e instituciones pretenden que Guatemala siga pidiendo limosna a americanos y europeos, cuando lo que necesitamos es valernos por nosotros mismos, esgrimió sobresaltado el jurista.
Parte de la controversia alrededor de lo que tal vez sea una de las últimas decisiones de Maldonado, como gobernante, guarda relación con la destitución del exMinistro de Trabajo y Previsión Social Marlon García, quien se negó a firmar los decretos gubernativos avalados por el mandatario.
Para los sindicatos agrupados en el Misicg, esa es una muestra más de "la arbitrariedad y tradicional servilismo de Maldonado", casi condenado ya a salir por la puerta trasera pese a su insistencia en que sólo pretendía llevar a buen puerto el barco que quedó a la deriva tras la renuncia de su antecesor Otto Pérez Molina, en prisión preventiva y sujeto a proceso por corrupción.