Testimonios de vida y lucha de los indígenas en Guatemala

La celebración de la Sesión Preliminar del Foro Permanente de Naciones Unidas Sobre Cuestiones Indígenas (Unpfii) en Guatemala, evidenció la gravedad de la situación por el cual atraviesan las 23 naciones originarias de este país centroamericano.

Tras reunirse con representantes de los poderes del Estado, defensores de los derechos humanos y líderes de esos pueblos, los 16 expertos del órgano asesor del Consejo Económico Social (Ecosoc) manifestaron su alarma por el estado de hecho en este país.
"Tenemos muchas preocupaciones sobre este tema en Guatemala. Hemos recibido fuertes denuncias en la ONU de la persecución criminal, el encarcelamiento de líderes indígenas, la expropiación de tierras y usurpaciones de la propiedad comunitaria", declaró a periodistas el consultor guatemalteco Álvaro Pop, nombrado presidente del foro en ese ámbito.
Para el especialista, oriundo del pueblo maya Quiché, lo que acontece en este territorio con relación a los originarios es toda una injusticia y es más preocupante que en otras regiones del mundo, dada la relación de exclusión que existió históricamente entre los indígenas y el Estado.
Cada año este país pierde unas 50 mil hectáreas de bosques por el interés de ampliar la frontera agrícola en favor de la agroindustria, a costa de la capacidad de producir alimentos; e igual por el consumo de leña, la industria maderera, la ganadería o proyectos urbanísticos, mencionó.
Mas a su juicio peor son los altos índices de desnutrición crónica que aumentan en las regiones indígenas, en las que ocho de cada 10 niños presentan señales de ese mal, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La experta filipina Joan Carling, activista indígena de la Cordillera, coincidió en que estos problemas ocurren en otras partes y manifestó la disposición del equipo de Unpfii de luchar por la promoción, difusión y defensa de las luchas contra ello.
"Estamos preocupados y alarmados por la situación de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala", señaló, luego de escuchar los testimonios de delegados de estas naciones en una reunión celebrada en la capitalina Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.

EVIDENCIAS DE LA DESIDIA
Cerca de 200 dirigentes indígenas acudieron a la convocatoria de los expertos de Unpfii, empeñados en acopiar la mayor cantidad de información para el décimo quinto período de sesiones del ente, que tendrá lugar en mayo, en la sede neoyorquina de la ONU.
Durante el encuentro, autoridades ancestrales, jóvenes y mujeres indígenas guatemaltecas denunciaron la criminalización, el acoso, la judicialización, el despojo de tierras, la discriminación, racismo, asesinatos, secuestros, desapariciones y otros problemas que padecen en este país.
"Los pueblos mayas, xincas, garífunas y mestizos salieron hace 20 años de una guerra por los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, y en particular por el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmado el 31 de marzo de 1995", recordó el dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual.
"Estos abrieron grandes perspectivas de que el país fuera reconocido por su carácter multinacional, pluricultural y plurilingüe, pero esto no ocurrió y sobrevinieron las concesiones mineras, los monocultivos, el despojo de tierras, la agresión a nuestros pueblos y la afrenta a su memoria histórica", expresó.
"Los pueblos indígenas de Guatemala sufrimos una nueva agresión de empresas de Canadá y Estados Unidos que extraen el zinc, el cobre, el oro, la plata y otros riquezas naturales, al mismo tiempo que las hidroeléctricas de España y otros proyectos con capital nacional contribuyen a romper el tejido social de nuestras comunidades", añadió.
El desvío de ríos para el cultivo de palma africana, de caña y de otros productos ha dejado a muchos centros de comunidades sin agua para el consumo y para sus plantaciones de subsistencia, paralelo al daño causado por el uso de agrotóxicos, argumentó el líder del CUC.
Remarcó que la persecución y la criminalización son la respuesta estatal a la negativa de las comunidades a la instalación de esos proyectos, por el daño que causan; la resistencia y los recursos legales impulsados con tal de acabar con estos.
"El fin del conflicto armado interno y los acuerdos de paz solo alentaron la esperanza que pronto quedó frustrada, porque enseguida comenzaron a proliferar proyectos engañosos que atentan contra el estilo de vida de nuestros pueblos", respondió a Prensa Latina la lidereza del pueblo ixchil de Nebaj, en el departamento norteño de Quiché, Teresa Brito.
Respecto al impacto de las hidroeléctricas establecidas en esa región, con la venia de las autoridades y sin respetar el no derivado de las consultas a las comunidades, destacó también la falta de agua para el consumo y los cultivos.
Subrayó que "si no hay agua no hay vida para nuestras familias, porque eso trae la muerte de animales, los cafetales deprimidos, los cultivos familiares perjudicados, y con ello la muerte".
"Son gente que entró a mi casa sin pedir permiso y ahora ¿cómo la sacamos de nuestra casa, de nuestras tierras, de nuestra cultura, de nuestro aire?", se preguntó Brito, para quien todo esto vino a reforzar el dolor de una población todavía muy marcada por la guerra interna (1966-1996).
A su vez la autoridad comunitaria Engracia Mendoza, de Chajul, también en Quiché, aludió a la batalla que libran contra la empresa Hidro Xacbal Delta, que construye la hidroeléctrica Energía Limpia de Guatemala con una inversión de más de 96 mil 88 millones de dólares en esa zona.
Refirió el irrespeto al debido proceso de consulta a las comunidades, cuyos integrantes consideran negativo ese plan porque perjudica los bienes naturales y en particular las reservas de agua de las cuales se sirven al menos unas 112 familias de Bitziquichum y 99 de La Perla, Blanca Flor, Sotzil y Batchocolá.
"Lejos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los comunitarios, el agua potable es insuficiente, la desnutrición crónica afecta a muchos niños, y existen otros problemas. La hidroeléctrica no tiene interés en la educación, ni en la salud, ni siquiera en las personas que habitamos en esa región", enfatizó.
Similares preocupaciones compartió a Prensa Latina el representante legal del pueblo indígena maya de la aldea Huareruche de Jocotán, en el departamento oriental de Chiquimula, Eulogio Ramírez, quien dio detalles de la batalla que libran en defensa de ese territorio y de sus escasas reservas de agua.
Comentó que la lucha por la subsistencia los llevó a reforestar, para evitar la pérdida de los bosques y regenerar los suelos dañados por la sequía y los incendios provocados, pero eso es insuficiente ante la sequía casi permanente.
"Llevamos cuatro años de muy poca lluvia y eso nos provoca un sentimiento doloroso, al ver a las criaturas pequeñas padeciendo por falta de recursos por la escases de la vital agua, que lleva a la falta de comida y a la muerte de niños y mujeres embarazadas", lamentó.
Igual mostró su descontento con ciertas ayudas que ofrecen las autoridades municipales y que casi siempre van a dar a las personas con menos necesidades, lo cual provoca diferencias con los líderes comunitarios.
Por su parte, la autoridad de la aldea Flores -Tanichir Muraqui, en idioma maya-, situada al sur del Río Grande o Jupilingo del municipio de Jocotán, en Chiquimula, Luis Ramírez Loza, hizo referencia a la situación de los presos políticos y a la falta del debido proceso legal hacia estos.
"En nuestra comunidad tenemos dos desde 2013: Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite, encarcelados por sus luchas por recuperar las tierras y la falta de certeza jurídica, sin que hubiesen cometido delitos", ejemplificó.
Explicó que las autoridades edilicias de Jocotán y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica entregaron terrenos comunitarios para un megaproyecto de la empresa Las Tres Niñas S.A. "sin el consentimiento de nuestro pueblo y esa empresa se convirtió en un arma ideológica para meter a la cárcel a las autoridades indígenas".
Según Ciriaco Monroy, otro conflicto de tierras tiene lugar en la comunidad indígena kaqchikel de Chuarrancho, departamento de Guatemala, donde el Estado les usurpó unas cuatro mil 187 hectáreas so pretexto de la inscripción anómala de esas tierras compradas por sus ancestros a la corona española.
"En Guatemala existe la propiedad otorgada por el Estado o ejidal y la comunal, aquella adquirida por los ancestros nuestros tras ser obligados a comprarle a las autoridades coloniales españolas los terrenos de los cuales eran dueños por derecho natural", explicó el joven de esa comunidad Santos Alvarado.
Casi en paralelo un informe del Ministerio Público dio cuenta de la desarticulación de una red criminal en Guatemala que durante años despojó a indígenas y campesinos de casi una treintena de fincas bajo supuestos como estos en el caribeño departamento de Izabal y en el norteño Petén.
Mientras, 120 comunidades de la costa sur denunciaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua el desvío de ríos y la extracción del vital líquido para cultivos agrícolas en la zona, por lo cual pidieron emitir una condena moral contra el Estado.
Consultores coinciden en que los disímiles problemas que amenazan la sobrevivencia de las comunidades indígenas están estrechamente vinculados con el racismo y la discriminación que prevalecen en la sociedad guatemalteca.
Estos se pone de manifiesto hasta en el intento de ocultar la magnitud de las poblaciones originarias y su incidencia desde tiempos inmemoriales en la cultura, en la economía y en el ser guatemalteco en cuanto a su composición étnica y en sentido general.
Desde la firma del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, como parte de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, quedó reconoció que los pueblos Maya, Garífuna y Xinca representaban más del 75 por ciento de la población guatemalteca.
Sin embargo, luego el Estado oficializó que los integrantes de estas naciones sólo rondaban los 60 puntos porcentuales y para el año 2002 el Censo del Instituto Nacional de Estadísticas cifró esa cantidad en apenas 41 por ciento.
Pero para 2011, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida redujo el dato a 40 por ciento, es decir únicamente cinco millones 854 mil 251 habitantes, el número de personas originarias en el país apreciado por ser "corazón del mundo Maya".