Continúa proceso contra saqueadores del Estado en Guatemala
La fase de toma de primera declaración de los exfuncionarios implicados en el saqueo del Estado de Guatemala, durante el Gobierno del Partido Patriota (PP, 2012-2015), continuará hoy bajo la conducción del juez Miguel Ángel Gálvez. El jurista encargado del Juzgado B de Mayor Riesgo frenó el intento de la defensa de aplazar la audiencia la víspera, que proseguirá este martes, con la presencia del casi medio centenar de sindicados por pertenecer a la estructura criminal liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Para Gálvez, los litigantes cuentan con elementos suficientes para seguir este proceso penal por el caso Cooptación del Estado de Guatemala, estrechamente ligado al de defraudación aduanera La Línea, al del fraude relativo a la Terminal de Contenedores Quetzal y al recién conocido La Cooperacha.
En todos estos aparecen los exjerarcas del PP como protagonistas y por ello estuvieron el lunes en la sala y deberán concurrir este martes de nuevo.
Si bien durante la vista previa los implicados en la trama de lavado de dinero sólo tuvieron que ofrecer sus datos personales, en esta jornada tendrán que escuchar las imputaciones en su contra del Ministerio Público (MP) o Fiscalía y de los querellantes.
Después de esto, probablemente el jueves próximo, tendrá lugar un receso de tres días con el fin de que los abogados cuenten con un tiempo prudencial para analizar los medios de investigación de la Fiscalía y preparar los descargos de sus representados.
En consecuencia quedó programado para el lunes venidero la sesión destinada a escuchar a los defensores en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, cuyos pormenores fueron informados a la opinión pública el 2 de junio por las autoridades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y del MP.
Según las investigaciones realizadas por ambas instituciones, Pérez Molina y Baldetti crearon en 2008 un cartel mafioso bajo la figura del PP para captar financiamiento electoral mediante lavado de dinero y tras agenciarse el poder avalaron más de 450 contratos en favor de sus contribuyentes.
Los involucrados en esta componenda -entre ellos banqueros, empresarios y otros- se incautaron de más de 500 millones de quetzales, es decir, unos 65,3 millones de dólares.
Pese a los múltiples señalamientos en su contra Pérez Molina insistió este lunes en su supuesta inocencia y en respuesta a los periodistas volvió a despotricar contra el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, la Cicig, el MP y la Embajada de Estados Unidos.
Respecto a la Cicig en particular, señaló que esta es la que verdaderamente cooptó a todo el sistema de Justicia de Guatemala, pues todas las resoluciones van favorables a lo que esa entidad está diciendo.
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