Deterioro medioambiental arriesga finanzas de Guatemala

La degradación medioambiental y los desastres asociados al cambio climático pudieran poner en peligro las finanzas del Estado de Guatemala, advirtieron hoy autoridades durante un taller sobre los riesgos fiscales del Presupuesto Abierto 2017.
Durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Finanzas (Minfin), quedó claro que cualquier eventualidad derivada del identificado como riesgo medioambiental obligará a derogar fondos sin dilaciones que impactarán las arcas públicas y pueden incidir sobre otros sectores.

Guatemala es uno de los primeros 10 países más impactados por el cambio climático en el mundo, en virtud de lo cual cada año enfrenta múltiples pérdidas humanas pero también de parte de su infraestructura vial y habitacional, sobre todo en los meses de mayo a noviembre.

Situaciones como estas en el próximo año "requerirán que el Estado actúe y enfoque sus recursos para poder atender emergencias y, en casos extremos, a damnificados y reconstrucciones", alertó el viceministro de Administración Financiera, Víctor Martínez.

Recordó que el país cuenta con un fondo de 260 millones de quetzales, más de 4,5 millones de dólares, que tiene como destino específico la atención de emergencias, pero remarcó que este fondo estaría rebasado si se compara con el riesgo sobre el territorio.

El Minfin también considera riesgos potenciales para la ejecución del Presupuesto Abierto 2017 las acciones legales que son emprendidas por varias razones contra el Estado, el sistema financiero, los vinculados a las clases pasivas y los emparentados con la compensación de los recursos humanos.

Las proyecciones en ese orden resultaron del debate iniciado hace más de un mes con distintos sectores con vistas a la formulación del plan de gastos de la nación para el año entrante, en consonancia con la lógica del llamado Gobierno Abierto, impulsado por la Organización de Estados Americanos.

Acorde con ese mecanismo se llegó a la determinación de formular un informe anual de riesgos fiscales, el cual debe ser presentado en el mes de abril de cada año, y sometido a la consideración del Congreso de la República como parte de lo contemplado para la aprobación del presupuesto.