Aires de reforma tributaria soplan y avivan polémica en Guatemala

Suelen decir los abuelos que los apuros nunca conducen a nada bueno y menos, las improvisaciones, dos errores por los cuales son señaladas las autoridades de Guatemala tras presentar su plan de reforma tributaria.
La confirmación del eventual aumento de la carga fiscal, mayoritariamente la relativa a los combustibles, al cemento y a las regalías por la explotación minera, motivó hasta amenazas de retornar a la plaza como ocurrió de abril a agosto de 2015 contra la corrupción del Gobierno del Partido Patriota.
El proyecto de Ley de recuperación de la capacidad fiscal, este 11 de agosto presentado y enviado al Congreso para su análisis, refiere que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las utilidades netas mayores a 33 mil 244 dólares pasaría de siete a 12 por ciento y las que superen 39 mil 228 dólares de 25 a 29 por ciento.
También establece el incremento del gravamen para la distribución de las gasolinas de 39 centavos de dólar por galón, lo cual pudiera reducirse a la mitad si aumentaran los precios internacionales del petróleo.
La iniciativa contempla, además, subir de uno a 10 puntos porcentuales las regalías por la explotación de minerales preciosos -oro, plata y platino- y la carga por el cemento de 20 a 66 centavos de dólar.
Pero por otra parte prevé que las personas asalariadas que reciben ingresos anuales de más de 300 mil quetzales al año, es decir unos 40 mil dólares, paguen una tasa ampliada del cinco al siete por ciento.
Esta última constituiría una medida progresiva, precisó el ministro de Finanzas Julio Héctor Hernández y sugirió que el que más tiene más pagará, como recomendaron organismos internacionales con antelación.
Mientras, el presidente Jimmy Morales instó a los diputados a valorar la propuesta “porque se van a dar cuenta de la justicia de la misma y que esto les da la oportunidad a ellos de participar en un momento histórico en el que Guatemala puede recuperar la moral”.
El mandatario, que durante su campaña aseguró que no recurriría al alza de impuestos, afirmó que con este plan pretende reducir las brechas sociales y recuperar la moral tributaria de los contribuyentes.
Asimismo detalló la situación alarmante del país, donde la pobreza ronda al 59,3 por ciento de la población y la extrema a 23,4 por ciento, en tanto cerca de 60 por ciento está fuera de la cobertura de un centro de salud y un porcentaje similar de los niños no tiene acceso a la preprimaria, entre otros problemas.
“Hablo con la autoridad moral que me permite el saber que nadie puede señalarme de haberme robado un centavo o participado en algún negocio ilícito”, aseveró Morales al defender la iniciativa fiscal.
Empero casi al unísono las redes sociales comenzaron a estallar y en pocas horas el hashtag o etiqueta ‪#‎NiCementoNiCombustible‬ logró posesionarse en Twitter, en virtud de las críticas que despertó lo que muchas personas califican de un dardo directo al corazón de la clase media en este país centroamericano.
Para varios especialistas, ante el desafío de una propuesta cuando menos apresurada, lo que toca es que los diputados la analicen cuidadosamente y realicen discusiones abiertas, transparentes e incluyentes.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró la necesidad de una reforma fiscal integral, más allá de modificar tasas impositivas, y recomendó revisar técnica y cuidadosamente la iniciativa.
Sin embargo, reconoció que “en general los cálculos de las autoridades parecen técnicamente sustentados, pero expresa dudas con algunos cálculos de la recaudación adicional estimada por la aprobación de la propuesta”.
Si bien aplaudió la modificación del ISR, propuso analizar cuidadosamente los cómputos de la recaudación adicional, para precisar si se consideró el comportamiento de los contribuyentes, quienes podrían migrar del régimen simplificado al general, con lo cual disminuiría la recaudación adicional.
Y de manera particular recomendó revisar los supuestos para la entrada en vigencia de las medidas, así como calcular con seriedad los posibles efectos económicos y sociales del incremento propuesto al impuesto específico a la distribución de combustibles derivados del petróleo, entre otros aspectos.