Piden juicio para militares acusados de desaparición en Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el 7 de febrero al Juzgado de Mayor Riesgo C llevar a juicio a cinco militares jubilados, acusados de la desaparición forzada del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen.

Los acusados de ese crimen, ocurrido el 6 de octubre de 1981, en el ámbito del conflicto armado interno que azotó a este país (1960-1996), también son sindicados de deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena, contra la hermana del niño Emma Guadalupe Molina Theissen.

Durante su exposición en la fase de etapa intermedia del proceso la Fiscalía presentó varios elementos de prueba, con base en los cuales pidió juzgar al exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García; al exjefe de Inteligencia Manuel Antonio Callejas, al excomandante de la base militar de Quetzaltenango Francisco Luis Gordillo, al exsegundo comandante de allí Edilberto Letona y al oficial de Inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña.

Todos ellos presuntamente participaron de forma directa o indirecta en los acontecimientos desatados a partir del 27 de septiembre de 1981, cuando Enma Guadalupe fue capturada de forma arbitraria en la carretera hacia Quetzaltenango, a la altura de Santa María Utatlán.

Durante el cateo en el retén, los soldados le encontraron documentos de estudio y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo y la detuvieron so pretexto de que era un enemigo interno, tras lo cual la condujeron a la zona militar de Quetzaltenango Manuel Lisandro Barillas.

Luego de nueve días de interrogatorios, torturas y violación sexual, ella logró escapar por una ventana, pero el 6 de octubre tres militares vestidos de civil y armados llegaron a la casa de sus padres en la colonia La Florida, de la Zona 19, de la capital, y se llevaron a su hermano de 14 años de edad.

Nunca más volvió a saberse de Marco Antonio, aunque sus familiares insistieron en su búsqueda durante estos casi 36 años y hasta lograron una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala (2004) que obligaba al Estado a respaldarlas en ese proceso.

Pese a esto fue tortuoso el camino recorrido hasta llegar a esta fase, en la cual los acusados están siendo señalados por permitir la violencia física, psicológica y sexual de miembros del Ejército contra Emma y por no tomar las acciones necesarias para frenar las conductas de los subordinados.

’Desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas’, declaró Emma en una ocasión.

’Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales’, añadió y aseveró que no cejaría en ello ’porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune’.