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Nuevo presidente para la Corte Suprema de Justicia en Guatemala

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala tiene un nuevo presidente, Nery Medina, seleccionado tras 11 reuniones, orientadas a definir quién ocuparía la vacante creada con la anulación del nombramiento de Silvia Valdés. El magistrado recibió el voto favorable de 12 de sus homólogos durante la sesión extraordinaria de este jueves y con ello cargó con la responsabilidad de hacer frente a la crisis institucional que vive el organismo, por los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias contra algunos de sus integrantes.


Para el gran conciliador, como lo reconocen varios de sus colegas, es un gran reto llegar a esa posición ’por la situación que está viviendo el país, que está muy compleja’, en virtud de lo cual prometió administrar de puertas abiertas.

’Esperamos el apoyo de todos, estoy seguro que mis compañeros cada uno en su cámara me va a apoyar para sacar adelante a la CSJ’, señaló, al recibir la noticia de su elección, poco después que la magistrada Blanca Stalling fuera ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por tráfico de influencias.

Sin embargo, varias fuentes concuerdan en que la expresidenta de la Cámara Penal de la CSJ tiene un prontuario mucho más amplio; y de hecho la vinculan con el crimen organizado, el soborno a jueces, la promoción de pactos de impunidad y hasta con ciertos complots para desestabilizar a la fiscal general.

Mas el escándalo desatado alrededor de la actuación de Stalling, capturada el 8 de febrero en una abarrotería, con peluca y lentes oscuros, después de escapar de su casa previo a un allanamiento dictado en su contra, no es el único que sacude al Organismo Judicial.

Otros dos magistrados, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, también tuvieron que abandonar sus puestos en la CSJ luego de ser sindicados por corrupción.

Ambos están implicados en el caso de corrupción denominado TCQ, donde están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Charchal influyó en una decisión que exoneraba de pago de impuestos a la municipalidad del Puerto de San José para la construcción de una terminal portuaria en el sur del país.

Mientras que Aguilar es acusado de utilizar sus influencias, cuando era el Procurador General de la Nación (PGN), para que no se declarara lesivo el contrato anómalo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal.

Pero asimismo, el Magistrado de Sala de Apelaciones, Eddy Orellana Donis, es señalado por favorecer a candidatos en las comisiones de postulación de 2014, a petición del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.

Frente a ese panorama, unas 25 organizaciones sociales abogaron por sanear de forma urgente a la CSJ, por cuanto su credibilidad está por los suelos, y exigieron una evaluación a los magistrados sindicados por el MP y a los que fueron involucrados en las investigaciones preliminares.

’Si no se depura el sistema de justicia, los frutos de las manifestaciones y las subsecuentes capturas de 2015 se van a podrir. No es exagerado decir que el futuro del país depende de la independencia de la judicatura’, opinó el asesor legal en la Comisión Internacional de Juristas, Daniel Butler.

A juicio del abogado británico, ex voluntario de las Brigadas Internacionales de Paz en Guatemala, si el objetivo del gran despertar de 2015 era poner fin a la corrupción y a los abusos de autoridad, no basta con capturas.

’Tiene que haber fiscalización y observación de los procesos por parte de la sociedad civil y una depuración concienzuda del sistema que va a administrar estos casos’, remarcó.

Casi en paralelo, el procurador de Derechos Humanos Jorge de León Duque convino en la necesidad de una reforma al sector justicia, porque ’está demostrado que está completamente prostituido, manipulado y corrompido esto’.

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