Vicepresidente de Guatemala procura deslegitimar protesta campesina

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, deslegitimó la marcha que protagonizaron más de 40 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, con tal de lograr la renuncia del mandatario Jimmy Morales.

'Es una cosa a la ligera la que están planteando', dijo el funcionario, cuestionado antes por afirmaciones polémicas como que la corrupción es un problema cultural en este país centroamericano y no una cosa de individuos.

Cabrera llamó a los campesinos para que se sentaran a dialogar, aunque dijo desconocer los argumentos para pedir la dimisión del gobernante, pese a los anuncios previos del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).

Ambos bloques, organizadores del movimiento, exigen la dimisión de Morales por sus presuntos vínculos con la corrupción y su complicidad con la evasión fiscal, al condonar el pago de deudas de 216 empresas y privar con ello al Estado de fondos que podían destinarse a servicios como salud y educación.

Asimismo expresaron su inconformidad conque el jefe de Estado avalara el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal, a pesar del proceso penal abierto en contra de un proyecto resultante de un soborno, y de autorizar licencias para empresas mineras que agotan los recursos naturales.

Miembros del gabinete y diputados oficialistas, así como la familia del gobernante están involucrados en actos corruptos, lo que amerita su inmediata renuncia, considera la CNOC.

Igual coincide con Codeca en la necesidad de poner fin a la persecución y criminalización de los dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos en este país.

De hecho, en vísperas de la marcha de este martes ciertos medios de prensa, la Cámara del Agro, la organización empresarial Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) y otros representantes de la élite económica en Guatemala, emprendieron una campaña contra el desfile.

Mediante comunicados y campos pagados en espacios televisivos, radiales y periódicos, los detractores de la manifestación popular pacífica la emprendieron contra Codeca y esgrimieron la necesidad de preservar el Estado de derecho y el respeto a la Constitución.

La reacción es similar a la provocada en ocasiones anteriores por marchas de esta naturaleza, con las cuales Codeca y la CNOC mostraron su poder de convocatoria en el territorio contra el estatus quo y por la defensa de los derechos humanos de campesinos e indígenas.