Persisten en dignificación de comadronas en Guatemala
El Congreso de Guatemala solicitó opinión a la Corte de Constitucionalidad respecto a la legitimidad de la ley que dignifica la labor de las parteras o comadronas, aprobada por el Parlamento y vetada por el Ejecutivo.La petición fue avalada por 92 diputados, para quienes el decreto 3-2017 ’Ley que declara el 19 de mayo de cada año, Día de la Dignificación Nacional de la IYOM y/o Rati’t Ak’al Comadrona de Guatemala’ sí se apega a la política de Gobierno.
De este modo, los legisladores mostraron su inconformidad con la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de vetar ese cuerpo jurídico bajo la excusa de que su contenido ’no obedece a las disposiciones legales y no armonizan con el funcionamiento de las políticas relativas a la salud’.
El Acuerdo Gubernativo 44-2017, firmado por el mandatario, esgrime que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) está implementando políticas de salud con enfoque intercultural, incluyentes, y que esa norma legal excluye a comadronas de otros idiomas mayas, al referirse sólo al idioma kaqchikel.
También señala que ’pide excluir métodos de fuerza o coerción hacia los pueblos, no cuenta con lineamientos claros para la definición de beneficiarios, propone un incentivo de tres mil quetzales anuales (unos 411 dólares), no fija parámetros sobre su presupuesto y no cuenta con dictamen de la Comisión de Salud del Congreso’.
El Mspas reconoce que en Guatemala ayudan a traer bebés al mundo, sobre todo en zonas carentes de servicios públicos de salud o de difícil acceso, alrededor de 10 mil comadronas y a juicio de los diputados estas superan las 22 mil 500.
En todo caso, el presupuesto del Estado deberá contemplar eventualmente un pago anual para todas ellas equivalente a unos 70 millones de quetzales, es decir, aproximadamente nueve millones 600 mil dólares.
El veto fue oficializado mediante una publicación en el Diario de Centro América, 28 días después de que el Congreso aprobó el decreto 3-2017, según el cual el incentivo anual sería pagado a las comadronas en dos fases: los primeros días de mayo y durante la primera quincena de diciembre de cada año.
Las mujeres indígenas, consagradas a la labor que se practica en el país desde tiempos ancestrales y garantiza a muchas madres traer a sus bebés a la vida, sobre todo en zonas a las que no llega el sistema de salud del Estado, manifestaron su sorpresa por una decisión que frena derechos humanos.
’Una vez más nos encontramos frente a un gobierno cínicamente colonial, que obstaculiza a los pueblos indígenas, lo que por derecho nos corresponde. Nos indignamos profundamente ante una argumentación falsa y retorcida sobre la que se fundamenta el veto’, señalaron en un comunicado.
Y manifestaron que ’este es un ejemplo de criminalización y culpabilización de las víctimas, tan común en este país. Varias de las demandas presentadas por los pueblos indígenas, en la época de la democracia, han tenido la misma sustentación siniestra’.
’Nos sorprende, además, que se nos culpabilice de ser discriminadoras, excluyentes, y de estar en contra de la igualdad, porque no se incluyó a las comadronas mestizas en la mencionada ley’, agregaron.
Al mismo tiempo denunciaron que mientras el presidente le niega a ellas un reconocimiento económico por su sacrificio y servicio a las comunidades, a los ganaderos y finqueros les da exoneraciones de impuestos y beneficios fiscales.
Para las integrantes del bloque civil, el documento emitido por el Ejecutivo tras la aprobación en el Congreso del Decreto 3-2017 ’Ley que declara el 19 de mayo de cada año, Día de la Dignificación Nacional de la IYOM y/o Rati’t Ak’al Comadrona de Guatemala’ utiliza perversamente instrumentos históricos de lucha.
En ese caso aluden al Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
También cuestionan a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández, por secundar el veto presidencial y por aportar al gobernante información que el movimiento le compartió con antelación, para usarla en contra de ellas.
’Tomamos esta actitud como una afrenta de la ministra hacia las comadronas y hacia los pueblos indígenas’, alertaron y llamaron a todas las abuelas de Guatemala a sumarse a la batalla por la reivindicación de los derechos que les corresponden.
El Decreto 3-2017 establece un incentivo anual para las comadronas por valor de tres mil quetzales anuales (unos 411 dólares), que sería pagado en dos partes, los primeros días de mayo y en la primera quincena de diciembre de cada año.
Ello aliviaría la situación de esas servidoras de salud en sus comunidades, casi todas sumidas en la pobreza en un país donde ese flagelo abarca a más del 72,3 por ciento de la población y en mayor grado, a los pueblos indígenas.
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