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México a la cabeza de los mejores para hacer negocios en América Latina

México a la cabeza de los mejores para hacer negocios en América Latina

México continúa siendo el país más favorable para hacer negocios en América Latina, seguido por Perú y Colombia, destaca el informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, del Banco Mundial (BM).

 

Si bien la mitad de las 32 economías de la región implementaron reformas durante 2016, para un total de 398 en los últimos 15 años, estos países dieron pasos concretos hacia el mejoramiento de sus regulaciones comerciales con vistas a reducir la distancia respecto a los límites regulatorios globales.

“Las reformas implementadas por las economías de América Latina y el Caribe continúan mejorando el entorno de negocios para favorecer a los emprendedores”, afirmó el gerente del programa, Santiago Croci Downes, durante la presentación del estudio. Y consideró que en la misma proporción en que se extienda el impacto de estas reformas, es probable que el sector privado cobre mayor dinamismo y ello impulse el crecimiento económico de la región.

En el ámbito de Centroamérica, Costa Rica y El Salvador tienen los lugares más privilegiados -61 y 73 en el ranking mundial, de manera respectiva-, seguidos por Panamá (79), Guatemala (97), Honduras (115) y Nicaragua (131).

Más El Salvador acaparó buena parte de los elogios en esta ocasión, por cuanto introdujo cuatro reformas durante el año precedente. Entre estas el mejoramiento de la fiabilidad del suministro eléctrico, mediante la introducción de un sistema más eficiente para el manejo de los cortes de electricidad y mantenimiento; y la facilitación del pago de impuestos de las empresas, gracias a la creación de una plataforma en línea, que permite presentar las declaraciones de impuestos y efectuar los pagos.

Otros cambios implementados por el Gobierno del llamado pulgarcito de Centroamérica fueron distinguidos en el informe Doing Business como manejo de permisos de construcción y comercio transfronterizo.

También de este lado del mundo recibieron elogios por su desempeño en este orden República Dominicana y Jamaica (con tres iniciativas cada uno), así como Bahamas y Guyana (con dos reformas cada uno).

El documento emitido por el BM expresa que las economías latinoamericanas lograron reducir significativamente el tiempo requerido para abrir una empresa, a partir de la introducción de sistemas en línea, de la simplificación de procedimientos, y de la creación de ventanillas únicas para el registro de empresas.

Hace 15 años era preciso invertir 78 días para este proceso en la región, pero en la actualidad basta con unos 38 en promedio. A pesar de esa reducción, alertaron los especialistas, el promedio actual es todavía muy superior al mundial, de 20 días.

Las desventajas en América Latina están emparentadas con un desempeño poco satisfactorio en el pago de impuestos (126), el registro de propiedades (118) y la apertura de empresas (116). Pero también con el hecho de que para cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por ley se deben efectuar, en promedio, 28 pagos al año, para lo que se requieren alrededor de 332 horas.

Eurozona marcha a buen ritmo en el orden económico

Eurozona marcha a buen ritmo en el orden económico

La economía de la eurozona mantuvo un tímido crecimiento en el tercer trimestre del año al lograr una expansión del 0,6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), para un total de 2,5 puntos porcentuales en la etapa, dos décimas por encima del ritmo de expansión interanual observado en los tres meses anteriores.

El Instituto de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), con sede en Luxemburgo, precisó que durante el período la inflación bajó al 1,4 por ciento en la zona y los precios de la energía alcanzaron la tasa interanual más elevada entre los componentes de la inflación al ascender a 3,0 por ciento, aunque inferior al 3,9 por ciento registrado en septiembre.

Sin embargo, la alimentación, el alcohol y el tabaco subieron con más intensidad: un 2,4 por ciento frente al 1,9 por ciento del mes precedente.

 

Paralelo a esto, la desocupación descendió en el conjunto de la región a 7,5 por ciento en septiembre, lo que supone cierta estabilización si se compara con el mes anterior y por debajo del 8,4 por ciento del mismo mes de 2016.

Esta es la tasa más baja desde noviembre de 2008 y alienta la esperanza en mejores tiempos para las economías hogareñas, si se considera que 1,43 millones de personas más pudieron reincorporarse al trabajo respecto a septiembre de 2016.

No obstante, las diferencias continúan siendo grandes de uno a otro país en materia de desempleo: mientras Grecia y España mantienen los niveles más altos (21 y 16,7 por ciento, de manera respectiva), las tasas más bajas están en República Checa (2,7), Alemania (3,6) y Malta (4,1).

Con tales signos de recuperación, en un año marcado por significativos procesos eleccionarios, no es sorprendente que la confianza en la economía de la eurozona haya subido a su nivel más alto desde los primeros tiempos de la unión monetaria: de 0,9 puntos en enero de 2001 a 114,2 en octubre de 2017.

Según la medición mensual que realiza la Comisión Europea, para determinar la confianza en sectores económicos de los 28 estados miembro del bloque, este repunte se debe a la solidez que se observa en los principales sectores económicos de la región, entre estos manufacturas, venta minorista y construcción.

Buenos augurios para las exportaciones de América Latina y el Caribe

Buenos augurios para las exportaciones de América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe conseguirán crecer este año al menos 10 por ciento en cuanto al valor de sus envíos de bienes al exterior y ello incidirá de manera favorable en sus economías, vaticinó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La oxigenación del mercado desde la región posibilitará dejar atrás media década de caída de los precios de la canasta de exportación y de un débil aumento del volumen de ventas. Pero para dinamizar el sector exportador es preciso implementar políticas públicas activas de largo plazo y estrategias público-privadas, con objetivos claros, que promueven el capital humano y el ecosistema digital, incentiven las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, acotó la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.

Según el informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017, otrora conocido como Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, las importaciones de la región también crecerán 7 por ciento, tras cuatro años de caídas de su valor.

El documento precisa que, si bien se observa una gran incertidumbre en los ámbitos macroeconómico, tecnológico y geopolítico a nivel internacional, estos contribuyeron al repunte del comercio en esta zona geográfica.

Ello responde al mayor dinamismo de la demanda agregada en algunos de sus principales socios comerciales, a la recuperación del crecimiento en la región -probablemente de 1,2 puntos porcentuales en 2017 y 2,2 en 2018, tras dos años de recesión-, al mayor precio de varios de sus productos básicos de exportación, y al desmantelamiento de restricciones arancelarias y no arancelarias en algunos de sus países.

El texto señala, además, que los envíos a China y al resto de Asia (23 por ciento y 17 por ciento de aumento en valor, de manera respectiva) liderarán la recuperación de las exportaciones, en tanto los destinados a Estados Unidos y a otros países del continente lograrán una expansión cercana al promedio (de 9 a 10 por ciento)

Sin embargo, las ventas a la Unión Europea perderán su dinamismo, aunque podrían llegar a un nivel de crecimiento de 6 puntos porcentuales.

Cepal auguró un repunte de 10 por ciento en cuanto al comercio intrarregional y puntualizó que esto será particularmente favorable en América del Sur. Asimismo, remarcó que este indicador ofrece un gran potencial para las exportaciones de manufacturas y, en general, de productos de mayor elaboración.

“Esto pone de relieve la urgencia de profundizar la integración regional, más aún considerando el reciente giro de la política comercial de los Estados Unidos y la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, subrayó la dependencia de la Organización de Naciones Unidas.

DEUDA PENDIENTE CON LAS TICs

La proyección de este año contempla una mirada al desempeño del comercio de servicios modernos de la región, es decir, aquellos de alto valor agregado e intensivos en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs): los de telecomunicaciones, informática, financieros, seguros y de pensiones, las regalías por el uso de propiedad intelectual y diversos servicios empresariales. Ello responde a que algunas de esas actividades ofrecen a los países latinoamericanos y caribeños interesantes oportunidades de atracción de inversión extranjera, como las vinculadas a procesos de outsourcing.

Empero, en este ámbito América Latina y el Caribe sigue siendo un actor marginal, por cuanto su participación en las exportaciones mundiales del total de servicios en 2016 quedó rezagada a un 3,1 por ciento, cifra muy por debajo del 5,6 por ciento alcanzado por las exportaciones mundiales de bienes, recordó Cepal.

Tal situación constrasta con lo registrado por las ventas agropecuarias desde la región, considerada una exportadora neta de productos agrícolas. En este sentido, el organismo apuntó que las exportaciones agropecuarias de América Latina y el Caribe mostraron una resiliencia mayor que sus envíos totales en el período 2012-2016, el de peor desempeño exportador de la región desde la década de 1930.

(De Claribel Méndez)

Cementazo pone en jaque al Gobierno en Costa Rica

Cementazo pone en jaque al Gobierno en Costa Rica

El escándalo provocado por las irregularidades alrededor de la importación de cemento chino tiene en jaque al Gobierno de Costa Rica, a quien varios sectores le exigen una investigación a fondo del caso y la destitución de los funcionarios involucrados en el llamado Cementazo.

 

Representantes de medio centenar de empresas miembros de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) exigieron realizar una pesquisa exhaustiva en torno al otorgamiento de un préstamo millonario y al posible tráfico de influencias en beneficio de los exportadores del país asiático.

Este tema lesionó la institucionalidad costarricense y por consiguiente, no debe quedar impune, afirmaron, en un comunicado. También pidieron al presidente Luis Guillermo Solís valorar la posible destitución del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez; y del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres.

Para el empresariado tico, la actuación de la administración del Partido Acción Ciudadana ante este escándalo será importante para revertir la pérdida de confianza en las autoridades del país y evitar el eventual resquebrajamiento de su competitividad en el mercado internacional.

“Ya no estamos ante situaciones hipotéticas o rumores, como se había manifestado anteriormente por parte de la Fiscalía, sino ante una peligrosa red que vemos desde afuera como un contubernio de personas e intereses mal sanos”, declaró el titular de la UCCAEP, Franco Arturo Pacheco.

En medio del llamado Cementazo lo que más polémica genera es el papel desempeñado por Figueres. Empresarios y activistas sociales concuerdan en la urgencia de delimitar el grado de implicación del director de la DIS, por su cercanía al mandatario y por la información de inteligencia que maneja desde su cargo.

Según el periódico La Nación, el titular de Inteligencia y Seguridad solicitó antes a la Dirección General de Migración que permitiera el ingreso de ocho ciudadanos sirios a Costa Rica sin mayores indagaciones, a pesar que Siria figura en el listado de países censurados como terroristas.

Al ser interpelado por los medios de prensa al respecto, Figueres alegó que se trataba de expertos en cuestiones relativas al terrorismo, que habían sido recomendados por ciertos servicios secretos amigos a propósito de su reconocido desempeño en esa esfera en el Oriente Medio.

Tales antecedentes obligan a tomar muy en serio este nuevo caso en el cual aparece el nombre del director de la DIS, por cuanto su elevado grado de influencia pudiera reducir la fiabilidad de las investigaciones que llevan a cabo el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sugirieron los delegados de la UCCAEP.

La alerta en ese sentido marcha aparejada a los recelos que despierta la eventual corrupción en los estamentos más altos de los poderes del Estado de Costa Rica, reconocido internacionalmente como el país más estable políticamente de Centroamérica.

Por otro lado, preocupa la situación financiera tica y esto explica por qué otro de los reclamos del empresariado es la intervención urgente y efectiva en el proceso de aprobación de las operaciones crediticias en la banca.

En opinión del sector, la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero deben buscar el modo de elevar el nivel de los requisitos mínimos para integrar las Juntas Directivas y así imponer los criterios de idoneidad y rigurosidad por encima de los políticos en esa tramitación.

Continúa tendencia al alza en los ingresos por remesas en Guatemala

Continúa tendencia al alza en los ingresos por remesas en Guatemala

Los ingresos por concepto de remesas continúan su tendencia al alza en Guatemala, cuya economía descansa en buena medida en la estabilidad de ese indicador.

Durante el mes de octubre las transferencias de divisas al país sumaron 728.27 millones de dólares, lo que representó un incremento respecto a los 605.94 millones de dólares reportados en igual período del año 2016, informó el Banco de Guatemala (Banguat).

La entidad emisora destacó que de tal suerte se contabilizó un incremento interanual del 20 por ciento durante este ciclo y que de enero a la fecha los migrantes guatemaltecos enviaron a sus familiares en el territorio 944.39 millones de dólares más que en la misma etapa del año anterior.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, cerca de tres millones de personas oriundas de este país viven en el extranjero y conforme con datos del Banguat, envían alrededor de 6.825.6 millones de dólares durante el año. Esto representa un beneficio para la economía en general, pero en particular para unos 6,2 millones de personas en el territorio.

Las transferencias de dinero familiares constituyen una de las bases fundamentales de la economía nacional y para el cierre de diciembre, se prevé un aumento de las remesas de 7 a 10 por ciento con relación a lo contabilizado en 2016.

Durante el año pasado el indicador ascendió a 7 mil 159.9 millones de dólares, lo cual representó un aumento de 13.9% respecto a 2015 y asimismo, un récord histórico en este país centroamericano.

Crisis política lleva a negativa calificación económica de Guatemala

Crisis política lleva a negativa calificación económica de Guatemala

Guatemala descendió a BB- en la escala de calificación de riesgo de la agencia Standard & Poors (S&P), debido a la debilidad institucional y a la inestabilidad política agravadas en los últimos meses.

 

Los expertos de la empresa estadounidense de servicios financieros consideraron que la moneda extranjera a largo plazo del país centroamericano pudiera disminuir como consecuencia de la debilidad del crecimiento económico, mellado por una situación sin visos de mejoría.

Asimismo, hicieron notar que la reversión de esa tendencia pudiera tardar al menos dos años, de continuar la inacción estatal frente al tema, agregó la revista especializada Bloomberg.

BB es sinónimo de que el país calificado está marcado por la incertidumbre constante y la exposición a situaciones económicas adversas. Esto puede llevar a la inhabilitación para cumplir con sus compromisos financieros y por ende, incide en una baja credibilidad en los mercados internacionales.

El signo negativo añadido a la evaluación anterior de Guatemala es una suerte de llamado de alerta: implica que la vulnerabilidad económica acecha a la mayor economía centroamericana en medio de la profundización de la conflictividad social.

Desde la primavera de 2015 estalló en suelo guatemalteco una crisis sin precedentes, tras las acusaciones de corrupción y apresamiento de sus principales autoridades estatales, lo cual signó las elecciones presidenciales de ese año que llevaron al Gobierno a Jimmy Morales.

El mandatario, un humorista de 47 años, enfrentó la controversia en torno a su gestión durante los últimos meses y luego de ser involucrado también en actos irregulares salió con una polémica declaración de non grato contra el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez.

Velásquez, un renombrado abogado colombiano, es para muchos guatemaltecos expresión y líder de la lucha anticorrupción tan demandada por la ciudadanía en el contexto de las protestas masivas que llevaron a la salida del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Sin embargo, otros sectores concuerdan en que su acción tiene visos de injerencia política y por ello demandan su expulsión del país.

La inconformidad con la actuación de la mayor parte de los diputados es otro factor que incide en la desestabilización política en Guatemala, reconocido por el Banco Mundial (BM) como uno de los de mejor desempeños económicos en América Latina, porque gracias a un manejo macroeconómico prudente alcanzó una tasa de crecimiento por encima de 3 por ciento desde 2012 y cerca de 4 por ciento en 2015.

El incremento del acceso a los mercados extranjeros, a través de diversos acuerdos comerciales, es uno de los factores que incidió en esa estabilización luego de 36 años de una guerra cruenta y de un proceso tendente a la consolidación democrática que no acaba de fraguar, convienen expertos.

Inestabilidad política y quiebre de la confianza en Guatemala

Inestabilidad política y quiebre de la confianza en Guatemala

La debilidad institucional y la inestabilidad política, agravadas en los últimos meses por los desafortunados giros de timón realizados por el presidente Jimmy Morales, los diputados del Congreso, así como por funcionarios  del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), llevaron a la pérdida de confianza en las capacidades de este país para  cumplir con sus compromisos en los mercados internacionales.

Peor aún, despertaron los recelos acerca de la viabilidad para revertir esa tendencia al menos en los próximos dos años, el mismo período que le queda por ley al gobierno del actor humorístico, devenido mandatario en la segunda vuelta de las controversiales elecciones de 2015.

El descenso de BB a BB- en la escala de calificación de riesgo, elaborada por la agencia estadounidense Standard & Poor’s (S&P), sólo reforzó los temores de quienes hace tiempo consideran que los reiterados desaciertos en la política pueden tirar por el suelo los aplaudidos logros de la economía más grande de Centroamérica.

De hecho, la nota recibida tras la primavera convulsa de 2015 mostraba ya que el país estaba marcado por la incertidumbre y la exposición a situaciones económicas adversas, lo cual podría inhabilitarlo para cumplir con sus compromisos financieros y por consiguiente, privarlo de credibilidad. Pero el signo negativo añadido en octubre del presente año demostró la convicción de los especialistas en que la vulnerabilidad económica acecha con más fuerza, en medio de la profundización de la conflictividad social.

Los expertos de la consultora norteña de servicios financieros consideran que el tímido crecimiento económico proyectado por el Banco de Guatemala -de 3 a 3,4%- acarreará la disminución de la moneda extranjera a largo plazo y que, de mantenerse la inacción estatal frente al tema, la reversión de esa tendencia puede tardar unos dos años.

Tales observaciones sólo muestran la punta del iceberg y más bien confirman verdades de Perogrullo repetidas hasta el cansancio por expertos nacionales y extranjeros, que coinciden en que la recurrente inestabilidad política en el país está afectando su crecimiento económico y acorralando a las finanzas. Mientras, persisten las visiones idílicas de aquellos que procuran mantenerse de oídos y ojos tapados frente al avance progresivo del deterioro, u optan por culpar a izquierdas o derechas, sin parar mientes en la necesidad de cambios estructurales urgentes para bien de la nación.

Y es que, más allá de crisis coyunturales asociadas a declaraciones infaustas o maniobras polémicas, Guatemala enfrenta el debilitamiento progresivo de su institucionalidad, en particular de los tres poderes del Estado:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los ejemplos son múltiples y ningún medio de comunicación tiene la capacidad para abarcar tantas muestras de incongruencias en el modo de conducir los destinos de un país que arrastra las secuelas de la guerra más cruenta de las vividas en la centuria pasada en Centroamérica.

Ese conflicto costó 250 mil muertos o desaparecidos y 1 millón de desplazados de una población cercana a los 6 millones, según el informe Guatemala: memoria del silencio, presentado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico, con el apoyo de Naciones Unidas. La urgencia de poner freno al desangramiento fue tal que llevó a representantes de las fuerzas del pueblo y del Estado a negociar hasta adoptar los 12 acuerdos que conformaron la plataforma para garantizar una paz “firme y duradera”.

Sin embargo, nunca fueron revertidos del todo los efectos directos de la guerra sobre la población y lejos de disminuir, el gasto militar creció so pretexto de evitar otro enfrentamiento de tamaña envergadura, lo cual privó al Estado de importantes recursos que pudieron ser invertidos en salud y educación. Paralelo a esto ganó terreno la aplicación de esquemas desarrollistas importados, orientados a privilegiar la lógica del mercado, en detrimento de los seres humanos y de la naturaleza; y una desatinada proclividad a la corrupción, que dilapidó los  recursos públicos en función de unos pocos y dejó a la zaga la atención al desarrollo social.

Asimismo, la desatención a la necesaria recaudación tributaria y la recurrente oposición del sector privado a las imprescindibles reformas fiscales mellaron sobre manera al debilitado Estado de Guatemala. En consecuencia, en corto tiempo este agrandó la brecha entre ingresos y gastos, hasta provocar una secuencia de desequilibrios macroeconómicos que a estas alturas parecieran irreversibles.

Guatemala tiene 57 en el coeficiente de Gini –uno de los medidores más usados para medir la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total– y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica. Incluso, es de los pocos países de la región que experimentaron un aumento de la pobreza en los últimos años.

A pesar de ello, el Banco Mundial (BM) insiste en que Guatemala mantiene uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, porque alcanzó una tasa de crecimiento por encima de 3 por ciento desde 2012 y cerca de 4 por ciento en 2015. El incremento del acceso a los mercados extranjeros, a través de diversos acuerdos comerciales, es uno de los factores que incidió en esa estabilización luego de los 36 años de guerra y de un proceso tendente a la consolidación democrática que no acaba de fraguar.

Si bien indicadores como las remesas familiares y las exportaciones ayudan al equilibrio, este continúa siendo uno de los siete territorios más impactados por la criminalidad en el continente. Buena parte de esa violencia es atribuida a grupos delincuenciales, más hay quienes albergan recelos respecto a posibles focos o actos criminales provocados a partir de lógicas políticas o de intereses de particulares, empeñados en mantener su poder en determinadas áreas.

En tanto, el Estado muestra muy poca capacidad para revertir esa realidad y lejos de respaldar esfuerzos en pos de acabar con la impunidad, insiste en poner en jaque a los que tratan de sacar a la luz el nombre de los que dilapidan recursos públicos y juegan a su antojo con la institucionalidad.

Como si no bastara, cada vez son más recurrentes las acciones espontáneas y divorciadas de cualquier lógica, como la cuestionada declaración de non grato contra el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez. Pese a que algunos sectores concuerdan en que su acción tiene visos de injerencia política y por ello demandan su expulsión del país, la mayoría de la población lo ve como el líder de la lucha anticorrupción -tan demandada en el contexto de las protestas masivas que llevaron a la salida del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015)- y eso explica la acción casi unánime contra el anuncio de expulsarlo de una vez del territorio.

Pero el mes de septiembre trajo más desatinos, como las reiteradas renuncias en el Gabinete de Gobierno, y el intento de los diputados de aprobar una reforma al Código Penal que pudo dejar en la calle a muchos delincuentes, así como evitar la prisión a los beneficiados por financiamientos políticos cuestionables, entre otros. El resultado era previsible: más personas en las calles exigieron a gritos el despido de los congresistas, algunos empresarios locales optaron por expulsar a algunos de estos de sus restaurantes y hoteles, los debates acerca de la falta de transparencia y de los abusos de poder se agudizaron, en fin…el mar.

Empero, están equivocados quienes piensan que Standard & Poor’s (S&P) sólo basó su calificación de este año en esos hechos tan puntuales. La reconocida consultora estadounidense mira más allá y advierte. Pobre de aquellos que sigan arriesgando las amplias ventajas ganadas, sin ceder un ápice al menos de terreno, y dejen escapar el tren de la fortuna en el cual anduvieron hasta ahora gracias a la estabilidad de la economía de Guatemala.

Alertas sanitarias frenan comercio de carnes entre Guatemala y Honduras

Alertas sanitarias frenan comercio de carnes entre Guatemala y Honduras

La comercialización de carne de pollo y de cerdo está detenida entre Guatemala y Honduras, primeros en América Latina en avanzar en la unificación de sus aduanas, para el libre tránsito de mercancías y de personas naturales.

Presuntos problemas sanitarios están en el centro de las diferencias entre los dos países alrededor de la compra y venta de esos alimentos, de acuerdo con informes de la Asociación de Porcicultores de Guatemala (Apogua) y del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras (Senasa).

Según estos, la parte guatemalteca fue la primera en emitir una alerta sanitaria que llevó a los hondureños a suspender las exportaciones de carne pollo a este país y continúan esperando una resolución favorable para reanudarlas.

Poco después el Senasa prohibió el ingreso de carne de cerdo chapina a Honduras, a raíz de una señal emitida por la Apogua sobre un posible brote de peste porcina clásica en territorio guatemalteco. Asimismo, la entidad catracha pidió a su contraparte realizar los análisis de laboratorio correspondientes y enviar la documentación capaz de desvirtuar la denuncia de los porcicultores.

Pese a los ruidos que suponen estas diferencias, especialistas minimizaron su incidencia y llamaron a evitar las alarmas, porque a su juicio son situaciones normales dentro del proceso comercial: que conlleva aspectos diplomáticos, políticos, económicos y de otra índole.

UNIFICACIÓN ADUANERA

El proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales entre Guatemala y Honduras, que dio vida a la unión aduanera entre ambos, llevó a la creación de un mercado que engloba a una población conjunta de más de 23 millones y medio de habitantes, equivalente al 58 por ciento de la población regional.

La formalización de la apertura de fronteras a la circulación de mercancías tuvo lugar el 26 de junio de 2017, con una ceremonia celebrada en el puesto limítrofe Entre Ríos-Corinto, 57 años después que los países de esta área acordaran hacerlo. De hecho, el acontecimiento fue interpretado por analistas como el paso más decidido en el ámbito del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Fuentes históricas recuerdan que el 13 de diciembre de 1960 surgió el Mercado Común Centroamericano (MCCA), antecedente directo del SICA, mediante un acuerdo rubricado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En ese convenio fundacional los países firmantes expresaron su determinación a impulsar la unificación de sus aduanas, lo cual nunca ocurrió.

“La unión aduanera es el paso obligado en Centroamérica. Tal vez hay muchos países que tienen recelos o todavía no están claros cómo llevarla a cabo, pero haberla emprendido Guatemala y Honduras da la pauta de que si se puede”, declaró el exviceministro de Economía, Enrique Lacs, en diálogo con la autora.

A juicio del economista, este proceso no estuvo libre de tropiezos y aún no está concluido, mas ya tiene base legal, operativa, informativa y otra serie de cosas trabajadas. Precisó, además, que la unión oficializada en el mes de junio sumó “dos libertades a la que ya tenemos todos los centroamericanos en cuanto al comercio entre nuestros países”.

“Digamos que tendremos una zona de tres libertades, que por etapas llegará a tener la plena liberación de todos los procesos”, enfatizó Lacs, para quien de lo que se trata ahora es de supervisar el modo en el cual van transcurriendo cada una de las acciones asociadas a esta estrategia.

Informes de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) refieren que la unificación de las aduanas reportará un 0.4 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto de Guatemala y de cinco por ciento del comercio bilateral.