Guatemala ¿en la ruta del endeudamiento?

La emisión de bonos del tesoro o eurobonos devino una práctica recurrente de los gobiernos guatemaltecos y el encabezado por Jimmy Morales tampoco fue excepción. De hecho, el plan de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 demuestra la proclividad a continuar recurriendo a ese método para refinanciar un déficit que pudiera ascender a  2.1 del Producto Interno Bruto (PIB).

Especialistas definen que estos instrumentos financieros son emitidos por los gobiernos para captar dinero efectivo, de agentes privados, otros gobiernos o entidades públicas, a cambio de intereses por plazos relativamente largos. No obstante, si bien reconocen las ventajas de ese mecanismo como una suerte de inversión segura, alertan acerca de la necesidad de tener muy claro para qué servirán los fondos que logren obtenerse de la venta de los mismos.

De acuerdo con el coordinador del Área Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina, cuando los bonos del tesoro son colocados en el mercado internacional se les conoce como eurobonos. Pero lo importante es tener claro que la emisión de estos sólo se convierte en una urgencia “cuando los gastos son más que los ingresos, y que hay que pagarlos a futuro y con intereses, lo cual puede llevar a la necesidad de rediseñar la tasa impositiva de la nación”.

Destino de la deuda emitida por bonos.

“La oposición que despiertan los eurobonos en muchas personas, está emparentada con el hecho de que al final, el Gobierno se endeuda”, advirtió. Mas, hizo notar que los gobiernos también contraen compromisos de esa naturaleza cuando reciben préstamos de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo u otros.

“Los intereses que cobran estas instituciones financieras pueden ser relativamente más baratos, pero por lo general imponen como boleta de cambio condiciones más rígidas, por eso es que el Gobierno prefiere invertir en eurobonos”, matizó.

Empero, insistió en que cualquier deuda que se contraiga va a tener que ser pagada en el futuro, y si para entonces “no hemos tenido la capacidad de aumentar los impuestos, mediante una reforma fiscal acorde, vamos a tener que continuar emitiendo deuda para pagar deudas”.

A juicio de Medina, “en Guatemala se está emitiendo deuda para financiar gastos recurrentes -salarios excesivos de funcionarios, consumo exagerado de combustible, compra de vehículos lujosos, u otros-, y eso es un gran error. Pero si se hiciera para arreglar carreteras, aeropuertos, mejorar infraestructura, dar mejores servicios de educación o salud, eso sería una buena inversión a largo plazo para bien de la nación”.

“La práctica de emitir bonos no es exclusiva de este Gobierno. Históricamente los gobiernos guatemaltecos se han endeudado, pero no han aprovechado los mejores réditos de ello. Más bien, muchos de esos gastos sólo terminaron en manos de corruptos, financiando sus intereses personales”, lamentó.

Ahora de lo que se trata, opinó, es de “exigir que lo captado por ese concepto sea invertido en mejorar la estructura física y social del país”.

Medina alentó a mirar los bonos del tesoro sin tantos recelos, a no criminalizarlos, y a comparar la situación de las autoridades con las del padre que quiere dar mejor educación a sus hijos o mejorar las condiciones de vida de su familia y por ello recurre al endeudamiento. “Si es para construir productividad, puede valer la pena”, subrayó.

El problema en el plan presupuestario dictaminado de manera favorable por el Congreso, aunque con algunas reducciones, es que “la emisión de bonos está casi sólo para financiar gastos de funcionamiento del Estado”.

“No es correcto que sigan pagándose esos sobresueldos en las instituciones, esos carros lujosos, y esos seguros de salud privados, cuando la mayoría de la población recibe mínimamente lo que necesita para solventar sus gastos de primera necesidad”, enfatizó el especialista del ICEFI.

SANEAR EL TEMA FISCAL

Para el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), Edgar Ortiz, el Estado debiera sanear de una vez el tema fiscal y enfocarse en readiseñar su política respecto a la deuda.

“Guatemala viene prolongando su condición deudora todo el tiempo, y no se ve claramente que el Gobierno tenga una intención de regular la situación”, consideró y destacó que muchas personas se enfocan en el monto de la deuda, pero no en el costo de esta.

Mientras, el país continúa carente de capacidad para la recaudación y para dinamizar su economía, lo cual reduce las posibilidades de pagar una deuda cada vez más costosa, por el aumento constante del tipo de interés.

Según el Análisis de la Composición del Proyecto de Presupuesto 2018, elaborado por especialistas del CEES, la perspectiva del Ejecutivo es que los ingresos tributarios financien el 71.7% de los Q87,922.9 millones previstos para el año entrante, que los bonos del tesoro aporten 17% y que los préstamos de organismos internacionales den 3,8%, a lo cual se sumarían otras contribuciones por diferentes conceptos (7,5%).

En cuanto a la distribución por tipo de gasto, el 64% equivalente a 56,278.6 millones, será destinado a pagar el funcionamiento del Estado. Un monto de Q29,508.0 irá a desarrollo humano, Q18,965.4 millones a transferencias corrientes y Q7,805.2 millones a gastos de administración.

Si bien la partida de deuda pública (15.7%) registrará un aumento de Q1,742.3 millones respecto al monto aprobado para 2017, igual que las asignaciones para la inversión, 29.2% serán dedicados al pago de servicios personales (Q25,662.8), mientras que las transferencias corrientes y de capital asignadas serían de Q30,502.6 millones (34.7%).

De tal suerte, la colocación de bonos del tesoro o eurobonos continuará su tendencia alcista y por ello los expertos recomiendan estar alertas respecto al destino que tendrán estos recursos.

La proyección presupuestaria contempla un aumento de Q14,944.3 millones, de los cuales 58% tendría como destino el financiamiento de deuda pública, por lo que el monto contemplado en dicho rubro sería de Q8,664.4 millones, en los cuales estarían incluidos Q1,369.9 millones por concepto de pago de deficiencias netas del Banco de Guatemala (Banguat).

Inversión del 42% de la deuda por bonos.

Frente a ese panorama, el director del CEES sugirió “tener una visión de qué tipo de Estado queremos y poner un límite al beneficio de la deuda, que es bastante antidemocrático, porque la deuda acaba comprometiendo el patrimonio de generaciones futuras, que nunca han elegido a gobernantes, pero que cuando tengan el derecho de votar lo que si tendrán es la obligación de pagar una deuda que se adquirió en unos términos que ellos nunca se enteraron”.

“La emisión de bonos del tesoro debiera ser la excepción y no la regla”

“La emisión de bonos del tesoro debiera ser la excepción y no la regla. Un Gobierno tiene que financiarse con los impuestos que tiene y también, el monto que va a recaudar depende del tamaño de Estado que queremos. Nosotros abogamos por un Estado limitado, pequeño, pero fuerte, y no creemos que los términos planteados en esta propuesta vayan en esa dirección”, remarcó el economista.

Asimismo reiteró que “el tema de los bonos debiera ser extraordinario, pero se ha vuelto prácticamente un ingreso corriente del Estado y lo que hay que decir, que es peor: es un ingreso corriente que sirve para pagar otro egreso que se llama servicio de la deuda”.

“Simplemente estamos revolviéndonos en una deuda que a futuro nunca se va a terminar de pagar”, lamentó Ortiz, para quien la eventual aprobación de este presupuesto es evidente, porque ya existe una suerte de pacto en el Congreso en su favor.

Por ello, recomendó estar pendientes y no perder de vista que, de aprobarse ese presupuesto, “vamos a seguir como estamos, que yo creo que es bastante mal”.

“A veces se habla de empeorar, pero no mejorar también es una situación compleja en un país donde la tasa de pobreza continúa a niveles altos, la desnutrición, etc. Y si no hacemos un cambio en el modelo económico dificilmente podremos hablar de una mejoría”, argumentó.

“Si no hacemos un cambio en el modelo económico en el país dificilmente podremos hablar de una mejoría”

Los economistas concordaron en que el Gobierno debiera enfocarse en el presupuesto y mejorarlo, pero también en empezar a hablar del tema económico en general y no sólo del gasto. En ese sentido, alentaron  a las autoridades a priorizar la atención al sector productivo en aras de que este genere mayores recursos para la población guatemalteca, porque a fin de cuentas la prosperidad sólo viene con la creación de fuentes de empleo e ingresos más allá de los que pueda generar el Gobierno.

México recibirá a interesados en avanzar en Turismo Accesible

México recibirá a delegados de 121 países interesados en crear condiciones más favorables a las personas con ciertas limitaciones que deseen gozar de los beneficios de la actividad turística. Durante la I Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, programada del  23 al 24 de noviembre, los participantes podrán conocer de cerca proyectos e intercambiar experiencias en aras de impulsar esta modalidad inclusiva.

Informes de la Organización Mundial de la Saluda refieren que al menos mil millones de personas presentan algún tipo de discapacidad en el mundo, lo que equivale al 15 por ciento de la población total en el planeta. Sólo en territorio mexicano viven más de siete millones de seres afectados por esa situación, 64 por ciento de estos con padecimientos de tipo motriz, conforme con registros de la Secretaría de Turismo (Sectur, 2014).

La convergencia de opiniones respeto a la falta de accesibilidad a las personas con capacidades diferentes o limitadas en algunas de sus funciones, entendida como una sutil manera de discriminación, es lo que motivó la organización de la cita. En ello participaron de manera conjunta la Sectur, el Gobierno de la Ciudad de México y la Organización Mundial de Turismo.

Organizadores del evento concuerdan en que fomentar el turismo accesible implica realizar todo el trabajo requerido para que las personas en esa condición puedan disfrutar, igual que sus familiares, amigos, conocidos y otros, de espacios y servicios turísticos con idénticas oportunidades.

El proyecto de celebrar esta I Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible fue presentado hace cinco meses en el ámbito del  III Congreso de Turismo Accesible, realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Entre los promotores de la iniciativa destacaron la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AMAV CDMX y la Red Española de Turismo Sustentable.

Representantes de esas instituciones invitaron entonces a participar en el cónclave este mes y a comprobar in situ los esfuerzos que realizan muchos factores cada día en Ciudad de México por tener una ciudad más amigable e inclusiva, así como para  aumentar las oportunidades de derecho para las personas con limitaciones y las de economía para hoteleros, transportistas, agencias de viajes y otros vinculados al sector.

El peso de los impuestos en Centroamérica

Los impuestos son la principal fuente de ingresos del presupuesto nacional de los países centroamericanos. En 2016, el 93.1% del presupuesto de ingresos de Nicaragua provino de fuentes tributarias. Mediante ocho impuestos, el Gobierno central grava los ingresos de personas naturales y jurídicas, la producción, el consumo, las transacciones internas y el comercio exterior.
En los otros países de la región existen impuestos que gravan esas mismas actividades, pero también hay tributos especiales, como el Impuesto de Solidaridad que se aplica en Guatemala, el cual inició como un impuesto temporal en 2008, mientras se promulgaba una ley de modernización del impuesto sobre la renta de ese país, sin embargo, a la fecha sigue vigente. Según la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT), el impuesto de solidaridad puede ser acreditado al IR y viceversa, y tiene una tasa del 1%.

En Guatemala, el 94.14% del presupuesto de ingresos provino de los impuestos; en El Salvador, el 88%; en Honduras, el 66.7%; en Costa Rica, el 49.29%, y en Panamá, el 27.12%.

La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) presentó recientemente el estudio “Realidad Fiscal de Centroamérica”, en El Salvador, con el objetivo de visibilizar la situación de los sistemas tributarios y sus efectos en la actividad económica.

El impuesto sobre la renta (IR) es un impuesto directo, que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Su relevancia en el presupuesto de ingresos varía en cada uno de los países de la región.

En Costa Rica, el IR representó el 15.9% del presupuesto de ingresos de 2016, y en Panamá, el 11.7%. Mientras que en Nicaragua y El Salvador representó más de un tercio del presupuesto: 37.1% y 34.3%, respectivamente.- –

Asimismo, en los  presupuestos de ingresos de Honduras y Guatemala en 2016, el IR representó 23.1% y 19.9%, respectivamente, según estadísticas del Ministerio de Hacienda de cada país.

MAYOR PESO EN EL PIB

En términos del producto interno bruto (PIB), el IR representó en los países de la región entre el 3% y 6%. En Nicaragua y El Salvador es donde mayor peso tiene, ya que alcanza el 6.2% y en Guatemala el más bajo 3.2%.

Las tasas de IR para las personas jurídicas en la región son: 25% en el caso de Guatemala, Honduras y Panamá, y de 30% en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Según expertos en temas fiscales, como Juan Carlos Cortez, gerente senior de impuestos de la firma consultora Deloitte, la fijación de las tasas impositivas obedece a una combinación de factores como experiencia, aportes técnicos y consenso entre el Gobierno, la empresa privada y los consumidores.

“La base para lograr atinar al establecimiento de tipos impositivos es una combinación de destrezas y aporte técnico de distintos especialistas, economistas, sociólogos, responsables de políticas económicas, empresa privada, sector consumidor, y que la suma de todo ello produzca un consenso que impulse el desarrollo económico de una nación, y que podría para el caso de Nicaragua ser la clave de los buenos resultados obtenidos”, afirmó Cortez.

POR RENTAS DE TRABAJOS

Las retenciones de IR por rentas de trabajo se realizan según los estratos de ingresos. En Nicaragua, los salarios que alcanzan anualmente los C$100,000 (o US$3,267.52, al tipo de cambio promedio de noviembre) están exentos del tributo.  A los que están entre los C$100,001 y C$200,000, anualmente, la Dirección General de Ingresos (DGI) les retiene el 15%. La tasa máxima a pagar es de 30%, cuando los salarios superan los C$500,001 (US$16,337.64) en adelante.

 IVA ES EL MÁS ALTO

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es otro de los impuestos con mayor representatividad en los presupuestos. En algunos países, el IVA representó más que el IR, en 2016, como en Guatemala, con un 33.9% y en El Salvador, con un 38.2%. En cambio, en Panamá tiene la proporción más baja, de 7.4%.

Las tasas de IVA más altas de la región las tienen Nicaragua y Honduras, equivalentes al 15%, mientras que Panamá tiene la más pequeña, de 7%.

Cortez manifestó que las tasas del IVA en la región son resultado de la necesidad recaudatoria y la falta de modificación de tasas para evaluar varios escenarios posibles.

“Responden a la arista de una marcada urgencia recaudatoria, sumado a un tradicionalismo hermético y que no ha dado cabida a modular y ensayar qué pasaría si se redujeran como resultado de un conceso y análisis mesurado de sus efectos, y que posiblemente nos confirme que los porcentajes son los correctos, pero que sea el resultado de dicho análisis”, consideró el experto.

“Otro elemento importante es la revisión exhaustiva de listas de bienes y servicios exentos y gravados, haciéndonos la gran pregunta si estos realmente deberían ser exentos, exonerados o gravados”, agregó.

El IVA, en términos generales, es un impuesto indirecto que grava la venta de bienes, servicios e importaciones.

Más de la mitad  de la recaudación (59.7%) en Centroamérica  proviene de impuestos indirectos. Esta composición, según Cortez, provoca  una reducción en la capacidad de compra.

“La implicación de peso para la población en la creación de impuestos indirectos es el efecto económico de mermar el poder adquisitivo en su condición de consumidor final, sobre todo si los porcentajes resultan ser excesivamente altos, de aquí que el aumento del porcentaje del impuesto sobre ventas no necesariamente garantiza un incremento llano en la recaudación”, aseveró.

Las cargas tributarias totales en los países de Centroamérica fueron superiores al 10% del PIB en 2016, con excepción de Panamá que representó el 9.7%. Las más altas están en  El Salvador (17.8%,) Nicaragua (16.2%) y Honduras (15.8%).

Por otra parte, las cargas impositivas a las empresas, medidas como el porcentaje de las ganancias, en Centroamérica fueron de 45.8%, superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 40.9%, según datos del estudio de Fecamco.

INFORMALIDAD

Los sistemas tributarios han cambiado junto a la realidad económica, social y tecnológica de los países, sin embargo, aún hay una parte de la economía que no contribuye con los ingresos tributarios, a la que se llama “sector informal”.

“El sector informal no contribuye lógicamente a los esfuerzos de lograr recaudación fresca, que alivie la presión recaudatoria y, por ende, la disminución de brechas de déficit fiscales; aquí lo que se sugiere es un escenario propicio para poner en práctica aspectos de equidad en el diseño de cada sistema tributario”, explicó Juan Carlos Cortez, de Deloitte.

Para Cortez, la inclusión del sector informal representaría un alivio para los déficits públicos de los países.

“Los sistemas tributarios han respondido a las realidades que se han presentado a lo largo de la última década, por razones socioeconómicas, de avance tecnológico e igualmente por motivos políticos. No obstante, las coherencias de estos deben, sin duda, enfocarse en ser suficientes, eficientes, equitativos, simples y flexibles”, insistió el experto de Deloitte.

Javier Steiner, presidente de Fecamco, enfatizó en la importancia de modificar los sistemas tributarios de la región, de manera que sean capaces de atraer al sector informal.

“Creemos que es bien importante por dos razones: primero, para pasar a la gente que está en la informalidad a la formalidad, para que colabore con los impuestos del país; en segundo lugar, en el fondo de eso hay un interés muy grande de que estos (negocios o personas en la informalidad) también puedan gozar de los servicios que ofrece el Gobierno, como salud y educación”, explicó.

Por su parte, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, aseguró que los sistemas impositivos deben ser modificados de tal forma que resulten atractivos al sector informal.

“En Guatemala, la economía informal es 51.3%, lo que indica que tenemos que hacer cambios estructurales en los sistemas impositivos. Es decir, que sean simples, que los hagan accesibles con tarifas bajas y nos vuelvan competitivos a nivel mundial para atraer inversión y empleo”, expresó Briz.

Los presidentes de las cámaras de comercio  de Guatemala, El Salvador y Honduras enfatizaron en la necesidad de una administración eficiente de los impuestos.

Para Guy de Pierrefeu, presidente de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, las relaciones del sector privado y público en su país, han posibilitado la creación de un nuevo Código Tributario, el cual debería producir mejoras en materia fiscal.

“Efectivamente, el tamaño de la carga fiscal y de la ineficiencia de la administración de esos recursos es un problema, ya que nos resta competitividad. En el caso particular de Honduras, hay pláticas permanentes con el Gobierno para poder simplificar los procesos. Hemos tenido algunos éxitos, como el nuevo Código Tributario que, consensuado entre la empresa privada y el Gobierno, debería dar algunos resultados”, precisó.

Steiner expresó que la solución  a la situación fiscal es: “Invertir mejor los impuestos, en sectores donde se establezcan oportunidades, empleo y crecimiento económico, porque solo eso logra que eventualmente esa economía le genere a los gobiernos más ingresos sin necesidad de subir tasas. Aquí (en El Salvador) pagamos más de 40 impuestos, hay muchos pequeños que generan poco valor agregado para el Gobierno, pero mucho trabajo a las empresas para reportarlos y pagarlos”, afirmó.

Reforma tributaria, vital para revertir tragedia educacional en Guatemala

La necesidad de revertir la tragedia en materia de educación en Guatemala lleva a varios especialistas a insistir en la urgencia de implementar de una vez una reforma fiscal, que permita al Estado contar con recursos económicos suficientes para resolver problemas elementales de cobertura, infraestructura, superación de maestros, y otros.

“Tenemos que hacer una reforma profunda del sistema tributario, Guatemala no puede seguir siendo el paraíso fiscal ni el país de América Latina con menor carga tributaria dedicada a educación, allí hay que empezar”, expresó el codirector del Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), Federico Roncal Martínez, en un diálogo sostenido en el ámbito del conversatorio sobre Educación en Guatemala: desafíos y oportunidades.

“La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en un plan concreto de metas de ampliación de cobertura establecidas, porque no se puede ampliar de forma tan violenta y repentina, pero sí tiene que haber un plan muy claro con recursos asignados y con evaluaciones periódicas para ampliar cobertura y dotar de recursos a los centros educativos. Creo que la reforma financiera y luego llegar a consenso nacional sobre los planes para implementar la reforma es lo que nadie se ha atrevido a hacer después de la firma de la paz”, subrayó.

A juicio de Roncal Martínez, “los aparatos políticos partidarios ven el sector educación como una especie de plan de mantenimiento, al no hacer cambios profundos, radicales y es una especie de estrategia porque la sociedad lo sabe y no actúa, no se mueve”.

“La educación en Guatemala es una tragedia porque la sociedad en conjunto sabe que está pasando y que son dos cosas: un gran sector de la población no está yendo a estudiar porque no tiene oportunidad, que son casi todos los jóvenes que son el 60 por ciento y no hacemos nada”, señaló. Y opinó que un segundo problema es que “los que sí están yendo a estudiar, que son los niños, no están aprendiendo, están saliendo de sexto primaria sin saber leer ni escribir correctamente, sin manejar conocimientos o competencias de cálculo básicas”.

Lo peor es que “la sociedad lo sabe y no hace nada, y el tema pasa fundamentalmente por la disponibilidad de recursos y por la ausencia de propuestas técnicas claras bien evaluadas, presentadas con transparencia e informando de qué se va a hacer y cómo se va a hacer”, lamentó.

Roncal Martínez recordó que durante mucho tiempo los cargos de ministro o viceministro del sector fueron ocupados por personajes vinculados al gremio empresarial, que vieron a esta carpeta como una suerte de plan al cual apenas había que darle mantenimiento, mas reconoció que esta es la primera administración que no se incurre en ese error en al menos 20 años.

Es la primera vez que un especialista,  con experiencia como profesor y estudios avanzados en esa esfera del conocimiento, está a cargo de dictar políticas en cuanto a la enseñanza en Guatemala: Óscar Hugo López.

Para el entrevistado  valdría repasar la propuesta de reforma educacional pendiente desde los Acuerdos de Paz (1996) y los compromisos que establece.  También aludió al hecho que en el año 2000 “ya teníamos un diseño claro de la reforma que había que hacer, pero no hemos dispuesto de los recursos para implementar el incremento de la cobertura, estamos estancados en cobertura”.

“En primaria hemos mejorado de forma más o menos importante, pero sólo en primaria. Lo que hay detrás es una mentalidad muy finquera del sistema educativo nacional, es decir, primaria está bien, es suficiente. Es lo que necesitamos para tener mano de obra muy barata”, manifestó.

Interrogado respecto a la paradoja que supone la existencia de muchas  universidades privadas en ese contexto, el representante de PRODESSA hizo notar que ello responde a que “hay un grupo que lucra muchísimo, y que tiene bastante influencia sobre el sector educación, porque encontró que la educación superior es un buen negocio”.

Remarcó que ese aumento de la privatización , sobre todo en el nivel universitario, repercute especialmente en el plano ideológico, porque “muchas de esas universidades forman con una mentalidad empresarial, a tono con la cual el profesional tiene como principal meta hacerse de dinero lo más rápido posible y no construir un país, una ciudadanía interesada en crear un país mejor del que recibió”.

Durante el encuentro, celebrado en la capitalina Casa Ariana, los expositores coincidieron en la importancia de la problemática por medio de un estudio llamado Más y Mejor Educación en Guatemala (2008-2021) ¿Cuánto nos cuesta?. El documento fue preparado para el Proyecto Diálogo para la Inversión Social en Guatemala, con aportes de la United State Agency International Development (USAID),  de la Academy for Educational Development (AED) y de ICEFI.

Los expertos participantes en la investigación identificaron tres patrones que el sistema educativo no ha logrado romper a pesar de los análisis subsiguientes, de acuerdo con el director ejecutivo de ICEFI, Jonathan Menkos Zeissig.

“Percibimos que la gran mayoría de los ciudadanos, de los funcionarios, de los académicos y empresarios están conscientes de que la educación es uno de los pilares más importantes para la construcción de un desarrollo sostenible”, explicó, mas cuestionó la falta de consenso alrededor del cómo impulsar esta de manera masiva y con calidad para todos los grupos sociales.

Asimismo, afirmó que “la cultura de emprender y continuar los estudios le proporciona a la sociedad no sólo buenos trabajadores, si no también individuos que busquen incurrir en diversos ámbitos, los cuales generen grandes filósofos, artistas y deportistas”.

Según un inventario realizado, en Centroamérica existen alrededor de 98,000 centros educativos y la mayoría de estos están concentrados en Guatemala.  Sin embargo, los niveles de deserción son sumamente elevados por la falta de recursos económicos, los elevados índices de violencia, los embarazos prematuros y otras causas que provocan el desinterés de los más jóvenes en continuar estudios.

Para 2015, cerca de la mitad de la población estudiantil guatemalteca estaba excluida del sistema educativo, es decir,  unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes. Ello está asociado también a que Guatemala es el país de la región que menos invierte en educación. Datos aportados por Icefi refieren que en 2014, la inversión del Estado en la educación pública fue de apenas 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un promedio de  600 dólares anuales por persona en edad escolar.  Mientras, Costa Rica invierte 7.4, Honduras 7,  y El Salvador 3.8, por sólo citar algunos ejemplos.

La transición demográfica y el período de bono demográfico, durante el cual los países tienen cantidades crecientes de población en edad laboral, constituye una oportunidad irrepetible para impulsar el desarrollo de Centroamérica. Y frente a la necesidad de ampliar con rapidez la cobertura educativa, se hace también imperativo elevar la inversión.

Por esta razón, las tres organizaciones convocantes a la actividad -Icefi, Prodessa y el Programa Estado de la Región- llamaron a debatir los posibles mecanismos para el financiamiento de la educación en Guatemala e insistieron en pensar en los excluidos del sistema educativo, pero también  responder con calidad y pertinencia a la demanda creciente de servicios de enseñanza que en los próximos años enfrentará el país por el proceso de transición demográfica.

(Por Claribel Méndez, editado por Isabel Soto Mayedo. En: http://s21.gt/2017/11/15/reforma-tributaria-vital-revertir-tragedia-educacional-guatemala/)

Extorsión a Movistar, apenas ejemplo de un problema de vieja data

La confirmación de que Movistar Guatemala es víctima de extorsiones disparó las alarmas. Si bien el flagelo afecta hace mucho a buena parte de la población, pocas veces trascendió que una empresa de tamaña fuerza -la tercera del sector de telefonía en el país- tuviera que pagar cuotas a los delincuentes para evitar represalias.

El asesinato de cuatro colaboradores de la subsidiaria española Telefónica, por presuntos extorsionistas, mostró que nadie escapa de la vulnerabilidad que supone la expansión de ese flagelo en un territorio donde la violencia deja un promedio de 15 homicidios por día.

 

Según los audios divulgados por televisoras y redes sociales, los miembros del grupo criminal exigieron a la empresa pagar una tasa inicial de Q100 mil, equivalentes a US$13 mil 600, y después concretar la entrega de Q2 mil (US$273.2) por cada una de las 20 unidades de transporte de su propiedad que lograron detectar.

Pero más allá de este hecho escabroso, están miles de ejemplos de pequeños y medianos empresarios que para mantenerse abonan constantemente las cuotas fijadas por delincuentes en los territorios en los cuales operan, pero asimismo los de otros que tuvieron que abandonar sus planes de emprendimiento por la imposibilidad de operar frente a tales exigencias y a los riesgos para sus vidas.

Eduardo Jesús Álvarez tenía una panadería, un pequeño negocio que le permitió criar a sus hijos y hasta llevarlos a la universidad. “De verdad que la vida me premió, además de ellos tuve a mi cuidado un joven interesado en aprender el oficio y gané otro hijo”, comentó. Sin embargo, lamentó, en los últimos años se vió obligado a cerrar porque ya no podía continuar sufragando a los extorsionistas que desandan libremente en su colonia.

“Todo el mundo saben quiénes son, todo el mundo les paga sin chistar, porque no te queda de otra. ¿Cómo no van a saber los policías quiénes son esos delincuentes y hasta los niños que usan para cobrar a los que estamos tratando de ganarnos el pan dignamente?”, cuestionó el hombre de 52 años de edad, quien en estos momentos alista maletas para viajar con su esposa a tratar de encontrar otro espacio donde desarrollarse, en México.

“Ya mis hijos son licenciados, los tres en idiomas. Y el patojo que casi crié nos hizo una buena propuesta, porque luego estudió hasta ingeniero y le va muy bien en Playa del Carmen. Para allá me invitó un día y me propuso que intentara participar en su negocio, también ofreciendo comida a varios hoteles de por allí. Aquí ya no podemos más, esto no hay quien lo aguante. Tuve que cerrar la panadería, luego intenté en Uber, y de nuevo fueron a amenazarme”, explicó.

Las cifras oficiales confirman que Movistar Guatemala o Álvarez sólo son algunos de los rostros de la inseguridad. Informes del Ministerio de Gobernación reconocen que, pese a la implementación de una estrategia orientada a acabar con las bandas dedicadas a la extorsión y a la detención de 744 integrantes de esas estructuras, la cantidad de denuncias por el delito aumentó 141% en 2016. Ello significa que 2,085 personas más fueron víctimas de la problemática con respecto al año anterior.

Para las autoridades, el despegue de las extorsiones es una respuesta a la desarticulación de las redes dedicadas a estas, mas especialistas concuerdan en que mucho tienen que ver en ello la impunidad arrastrada, la corrupción y la pobreza. Es probable que la población haya adquirido mayor conciencia de la necesidad de presentar denuncias y a ello se deba el incremento, pero también podría ser que el número de extorsiones vaya en aumento.

El Código Penal de Guatemala tipifica la extorsión como delito en el artículo 261, que lo describe como “quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar algún derecho, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables”.

En tanto expertos en el tema insisten en el alcance de este crimen, que ataca a más de un bien jurídico tutelado a la vez y afecta a cada integrante de las familias extorsionadas, quienes terminan viviendo cada día en medio de la zozobra y la frustración.

El Informe sobre el delito de extorsión en Guatemala 2008-2016, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), refiere que en nueve años y cinco meses 50,915 personas fueron víctimas de extorsión y que medianos, pequeños comerciantes, pilotos de transporte colectivo, tuc-tuqueros o bicitaxistas, taxistas y personas con puestos en los mercados, suelen ser las dianas de estos delincuentes en el país, donde la impotencia y la desesperanza marchan en paralelo con estas y otras problemáticas sociales para las cuales las autoridades parecieran carecer de solución.

Unión Europea sanciona a Venezuela

Tras los pasos de EE. UU. y Canadá, la Unión Europea (UE) aprobó este lunes sus propias sanciones contra Venezuela para favorecer el diálogo entre gobierno y oposición, entre ellas un embargo de armas y futuras medidas contra responsables de este país.

Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero la instalación de la asamblea nacional constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía a las sanciones adoptadas.

EMBARGO DE ARMAS

Tras expresar su preocupación por las informaciones sobre violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza en Venezuela, los países europeos deciden prohibir la venta y el abastecimiento de armas, municiones, vehículos y equipos tanto militares como paramilitares.

Los ciudadanos y empresas europeas tienen además prohibido aportar asistencia técnica o servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera, para actividades militares de este país sumido en una crisis política y al borde del default.

Este embargo se extiende también a los equipos susceptibles de ser utilizados para fines de represión interna, así como a la tecnología que pueda usarse para la vigilancia o la interceptación de internet y de las comunicaciones telefónicas, según la decisión adoptada.

Fuera de la prohibición quedaría el material militar no letal destinado a fines humanitarios, el material de desminado y los equipos no letales destinados únicamente a la protección de las fronteras, a la estabilidad regional y la interceptación de narcóticos.

LISTA NEGRA

Los responsables de las violaciones de los derechos humanos o de actos de represión contra la sociedad civil y la oposición en Venezuela, así como aquellos que atenten contra la democracia o el Estado de Derecho, estarán también sometidos a sanciones.

Las personas o entidades señaladas en esta lista negra, que por el momento se encuentra vacía, no podrán viajar a territorio europeo y tendrán sus activos congelados en el bloque. Los países deben aprobar por unanimidad las inclusiones en esa lista.

A diferencia de la UE, Estados Unidos y Canadá han adoptado medidas financieras contra Maduro y varios de sus funcionarios, pero Washington ha ido más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera Pdvsa.

En: http://s21.gt/2017/11/14/union-europea-sanciona-venezuela/

 

Guatemala recibirá mayores créditos de agencia de desarrollo de EE. UU.

La Corporación de Inversiones Privadas (OPIC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prevé desembolsar US$1 mil millones (Q7 mil 320 millones) en créditos para Guatemala, El Salvador y Honduras, con el propósito de impulsar varios proyectos productivos.

Durante sus 46 años de existencia la agencia de desarrollo creada por la administración de Richard Nixon (1969-1974), para asistir a compañías estadounidenses en inversiones extranjeras, invirtió cerca de 400 millones (Q54 millones 168 mil) en este país centroamericano.

Ello ocurrió a través de  seis áreas, entre las cuales destacan los créditos al por menor, las manufacturas y las finanzas, está última mediante prestamistas pequeños y medianos.

Según el vicepresidente de Política de Inversiones de OPIC, Ryan Brennan, consideraron continuar con estos préstamos a Guatemala porque el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, y varios socios establecidos en el territorio aseguraron que el gobierno de Jimmy Morales está comprometido con la lucha contra la corrupción.

“Creemos que este es el momento adecuado para invertir y respaldar estos esfuerzos”, declaró Brennan, para quien valdría la pena que “cualquier financiamiento, por medio de esta organización, sea un crédito que no esté disponible en el mercado y que las tasas de nuestros préstamos no sean más baratas o más caras que la de otros bancos”.

Asimismo, el funcionario precisó que la OPIC aspira a cerrar las brechas de crédito y por ello priorizará el trabajo con inversionistas rurales, lo cual no implicará la exclusión de las  las ventajas de su programa a la  construcción, finanzas, turismo y tecnología.

De 2012 a 2015 el Grupo Multivistas recibió de esa agencia estadounidense 7 millones 500 mil dólares, o sea, Q54 millones 900 mil. Mientras que la Fundación Génesis Empresarial obtuvo 2 millones 333 mil 100 dólares, es decir, Q17 millones 78 mil 292 mil, refieren informes oficiales.

Y conforme con la Superintendencia de Bancos, hasta el 31 de septiembre equivalía a 9,3 por ciento la tasa de interés promedio ponderada en moneda extranjera que debía pagar la industria manufacturera, por Q13 millones 568.8 mil recibidos. En tanto, para el sector de la construcción, la tasa fijada fue de 11,2 por ciento en dólares y 16,8 en quetzales; y para la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 10 y 18,2, de manera respectiva.

La OPIC data de 1971, año desde el cual patrocinó el desarrollo de múltiples proyectos en mercados emergentes, complementó al sector privado estadounidense en el manejo de los riesgos asociados con las inversiones en el extranjero, y tributó a la política exterior de Estados Unidos.

El sitio digital de la organización asegura que ños servicios de la misma están disponibles para las empresas nuevas y en expansión que planean invertir en más de 160 países en todo el mundo.

“Debido a que OPIC cobra tarifas basadas en el mercado para sus productos, opera sobre una base autosostenible, sin costo neto para los contribuyentes. Todos los proyectos de OPIC deben cumplir con las mejores prácticas internacionales y no pueden causar la pérdida de empleos en los Estados Unidos”, agrega el portal https://www.opic.gov/who-we-are/overview

 

Caficultores de Guatemala abogan por Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur

Los caficultores guatemaltecos abogan por que este país suscriba el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, igual que lo harán en diciembre sus vecinos en Centroamérica. Representantes del sector  consideran que la adhesión a ese acuerdo pudiera incrementar las exportaciones nacionales del producto a Asia en al menos 1 %.

Datos de la Organización Internacional del Café (OIC) sugieren que la demanda crece a tasas estables en el mundo (2 %  al año), pero en India y China existe un gran espacio para el aumento del consumo en el corto plazo.

Según el director ejecutivo del organismo, José Sette,  el despegue del consumo está emparentado con la conversión del grano en  un producto maduro y conque beberlo ya es parte de los hábitos de las personas en muchas partes del mundo.

Existe un potencial muy fuerte de crecimiento de consumo en los países emergentes. De hecho, a nivel mundial, este mostró grandes cambios entre las últimas dos décadas:  en 1990, los mercados emergentes tenían un porcentaje del 5 %, pero esa cifra creció a 15 % en 2014.   Por su parte, los países exportadores de café pasaron de un 23 % a un 31 %, y los mercados tradicionales se redujeron de 72 % a 54 %, en el mismo período.

Centroamérica, incluyendo a México, Panamá tuvo una producción del ciclo 2016-2017 de 115,000 de sacos (unidad de peso utilizada por la OIC). Honduras destacó como el mayor productor en la etapa, con 5.9  millones, seguido por Guatemala (3.5 millones), México (3.1  millones), Nicaragua (2.1 millones), Costa Rica (1.4 millones) y en último lugar, El Salvador y Panamá.

Pero por más que suban esas cantidades, y las aportadas por otros países exportadores, todo apunta a que para el año 2030 la producción mundial de café no podrá satisfacer la demanda creciente, prevé la OIC.

ANACAFÉ POR LA EXPANSIÓN DE SUS MERCADOS

Frente a este escenario, la  Asociación Nacional del Café de Guatemala (ANACAFÉ) mira con buenos ojos la posibilidad de expandir sus ventas al exterior; en particular a Rusia, China, Turquía, Marruecos y los países árabes en general. Esto pudiera compensar  los bajos precios del grano en el mercado internacional y los altos costos que les significa cultivar el producto.

De acuerdo con el presidente de la agrupación gremial Ricardo Arenas, también están impulsando el cultivo de la variedad robusta, porque el costo de producción es menor  respecto al arábigo hasta en un 50 por ciento.

En Guatemala, la cosecha 2016-2017 terminó en septiembre y mostró un alcance de 4.2 millones de quintales, para un crecimiento del 7 % con relación a la etapa precedente, puntualizó, en conferencia de prensa.

Arenas adelantó que, en lo que respecta a crédito, el sector pudiera recibir Q30 millones para el Fideicomiso del Café en el Presupuesto 2018 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), conforme con declaraciones del titular de esa cartera de Gobierno, Mario Méndez.

Las variaciones climáticas registradas en el primer semestre de este año elevaron la probabilidad de un aumento de la presencia de la plaga de roya en algunas de las regiones productoras del grano y ello también obligada a destinar recursos a tratar de contrarrestar la epidemia.

Informes del departamento técnico de  Anacafé muestran que el promedio de incidencia es de 11%, pero en algunas áreas la incidencia supera el 20%. Incluso, que la situación pudiera agravarse en las unidades productivas que están por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, en los cuales la cosecha pudo favorecer la dispersión del hongo.

Más, luego de la experiencia fuerte con la roya en el año 2012, buena parte de los caficultores implementan prácticas agronómicas sostenibles para combatir la enfermedad en Guatemala.