La debilidad institucional y la inestabilidad política, agravadas en los últimos meses por los desafortunados giros de timón realizados por el presidente Jimmy Morales, los diputados del Congreso, así como por funcionarios del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), llevaron a la pérdida de confianza en las capacidades de este país para cumplir con sus compromisos en los mercados internacionales.
Peor aún, despertaron los recelos acerca de la viabilidad para revertir esa tendencia al menos en los próximos dos años, el mismo período que le queda por ley al gobierno del actor humorístico, devenido mandatario en la segunda vuelta de las controversiales elecciones de 2015.
El descenso de BB a BB- en la escala de calificación de riesgo, elaborada por la agencia estadounidense Standard & Poor’s (S&P), sólo reforzó los temores de quienes hace tiempo consideran que los reiterados desaciertos en la política pueden tirar por el suelo los aplaudidos logros de la economía más grande de Centroamérica.
De hecho, la nota recibida tras la primavera convulsa de 2015 mostraba ya que el país estaba marcado por la incertidumbre y la exposición a situaciones económicas adversas, lo cual podría inhabilitarlo para cumplir con sus compromisos financieros y por consiguiente, privarlo de credibilidad. Pero el signo negativo añadido en octubre del presente año demostró la convicción de los especialistas en que la vulnerabilidad económica acecha con más fuerza, en medio de la profundización de la conflictividad social.
Los expertos de la consultora norteña de servicios financieros consideran que el tímido crecimiento económico proyectado por el Banco de Guatemala -de 3 a 3,4%- acarreará la disminución de la moneda extranjera a largo plazo y que, de mantenerse la inacción estatal frente al tema, la reversión de esa tendencia puede tardar unos dos años.
Tales observaciones sólo muestran la punta del iceberg y más bien confirman verdades de Perogrullo repetidas hasta el cansancio por expertos nacionales y extranjeros, que coinciden en que la recurrente inestabilidad política en el país está afectando su crecimiento económico y acorralando a las finanzas. Mientras, persisten las visiones idílicas de aquellos que procuran mantenerse de oídos y ojos tapados frente al avance progresivo del deterioro, u optan por culpar a izquierdas o derechas, sin parar mientes en la necesidad de cambios estructurales urgentes para bien de la nación.
Y es que, más allá de crisis coyunturales asociadas a declaraciones infaustas o maniobras polémicas, Guatemala enfrenta el debilitamiento progresivo de su institucionalidad, en particular de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los ejemplos son múltiples y ningún medio de comunicación tiene la capacidad para abarcar tantas muestras de incongruencias en el modo de conducir los destinos de un país que arrastra las secuelas de la guerra más cruenta de las vividas en la centuria pasada en Centroamérica.
Ese conflicto costó 250 mil muertos o desaparecidos y 1 millón de desplazados de una población cercana a los 6 millones, según el informe Guatemala: memoria del silencio, presentado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico, con el apoyo de Naciones Unidas. La urgencia de poner freno al desangramiento fue tal que llevó a representantes de las fuerzas del pueblo y del Estado a negociar hasta adoptar los 12 acuerdos que conformaron la plataforma para garantizar una paz “firme y duradera”.
Sin embargo, nunca fueron revertidos del todo los efectos directos de la guerra sobre la población y lejos de disminuir, el gasto militar creció so pretexto de evitar otro enfrentamiento de tamaña envergadura, lo cual privó al Estado de importantes recursos que pudieron ser invertidos en salud y educación. Paralelo a esto ganó terreno la aplicación de esquemas desarrollistas importados, orientados a privilegiar la lógica del mercado, en detrimento de los seres humanos y de la naturaleza; y una desatinada proclividad a la corrupción, que dilapidó los recursos públicos en función de unos pocos y dejó a la zaga la atención al desarrollo social.
Asimismo, la desatención a la necesaria recaudación tributaria y la recurrente oposición del sector privado a las imprescindibles reformas fiscales mellaron sobre manera al debilitado Estado de Guatemala. En consecuencia, en corto tiempo este agrandó la brecha entre ingresos y gastos, hasta provocar una secuencia de desequilibrios macroeconómicos que a estas alturas parecieran irreversibles.
Guatemala tiene 57 en el coeficiente de Gini –uno de los medidores más usados para medir la desigualdad, en un rango donde cero es equidad total y 100 es inequidad total– y está en el top ten del ranking mundial de países más desiguales y el número uno en Centroamérica. Incluso, es de los pocos países de la región que experimentaron un aumento de la pobreza en los últimos años.
A pesar de ello, el Banco Mundial (BM) insiste en que Guatemala mantiene uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, porque alcanzó una tasa de crecimiento por encima de 3 por ciento desde 2012 y cerca de 4 por ciento en 2015. El incremento del acceso a los mercados extranjeros, a través de diversos acuerdos comerciales, es uno de los factores que incidió en esa estabilización luego de los 36 años de guerra y de un proceso tendente a la consolidación democrática que no acaba de fraguar.
Si bien indicadores como las remesas familiares y las exportaciones ayudan al equilibrio, este continúa siendo uno de los siete territorios más impactados por la criminalidad en el continente. Buena parte de esa violencia es atribuida a grupos delincuenciales, más hay quienes albergan recelos respecto a posibles focos o actos criminales provocados a partir de lógicas políticas o de intereses de particulares, empeñados en mantener su poder en determinadas áreas.
En tanto, el Estado muestra muy poca capacidad para revertir esa realidad y lejos de respaldar esfuerzos en pos de acabar con la impunidad, insiste en poner en jaque a los que tratan de sacar a la luz el nombre de los que dilapidan recursos públicos y juegan a su antojo con la institucionalidad.
Como si no bastara, cada vez son más recurrentes las acciones espontáneas y divorciadas de cualquier lógica, como la cuestionada declaración de non grato contra el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez. Pese a que algunos sectores concuerdan en que su acción tiene visos de injerencia política y por ello demandan su expulsión del país, la mayoría de la población lo ve como el líder de la lucha anticorrupción -tan demandada en el contexto de las protestas masivas que llevaron a la salida del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015)- y eso explica la acción casi unánime contra el anuncio de expulsarlo de una vez del territorio.
Pero el mes de septiembre trajo más desatinos, como las reiteradas renuncias en el Gabinete de Gobierno, y el intento de los diputados de aprobar una reforma al Código Penal que pudo dejar en la calle a muchos delincuentes, así como evitar la prisión a los beneficiados por financiamientos políticos cuestionables, entre otros. El resultado era previsible: más personas en las calles exigieron a gritos el despido de los congresistas, algunos empresarios locales optaron por expulsar a algunos de estos de sus restaurantes y hoteles, los debates acerca de la falta de transparencia y de los abusos de poder se agudizaron, en fin…el mar.
Empero, están equivocados quienes piensan que Standard & Poor’s (S&P) sólo basó su calificación de este año en esos hechos tan puntuales. La reconocida consultora estadounidense mira más allá y advierte. Pobre de aquellos que sigan arriesgando las amplias ventajas ganadas, sin ceder un ápice al menos de terreno, y dejen escapar el tren de la fortuna en el cual anduvieron hasta ahora gracias a la estabilidad de la economía de Guatemala.
