Como hace 13 años los tambores de guerra vuelven a repicar contra las pandillas y maras en el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más azotadas por la violencia pero también por la desigualdad social.
La nueva estrategia fue presentada por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a sus vecinos de Guatemala y El Salvador, y prevé crear un plan de combate transnacional contra esas bandas con base en la visión de que operan más allá de sus países de origen y en vínculo con el crimen organizado.
Durante una visita realizada el viernes 5 de agosto a Guatemala, con el propósito de promover ese plan, Hernández destacó que para combatir la delincuencia es necesario tener recursos e informó que su país creó un impuesto para financiar las instituciones de seguridad.
'Las bandas criminales, llámese en algunos casos maras, tienen una sincronización de acciones y una fluidez de información entre ellos. Pero, los Estados tenemos que hacer lo mismo también', señaló, tras su llegada a la Fuerza Aérea Guatemalteca, al sur de Ciudad Guatemala.
El jefe de Estado precisó, además, que una de las primeras acciones de su propuesta es la ejecución de las órdenes de detención emitidas por los tribunales de un país, en cualquiera de las otras naciones del Triángulo Norte de Centroamérica.
'Estamos aquí junto con los equipos de seguridad, inteligencia y defensa. Hemos conversado con el presidente Morales y hemos creído oportuno poder estructurar un esfuerzo, primero, entre Guatemala, Honduras, y, de ser posible El Salvador, para atender el tema de seguridad', añadió.
Mientras su homólogo anfitrión, Jimmy Morales, señaló que su Gobierno trabajaría por fortalecer 'la inteligencia y las fuerzas de tarea' dedicadas a restarle fuerza a las pandillas juveniles.
Ambos gobernantes sostuvieron una reunión de trabajo en la finca Santo Tomás, situada a unos 55 kilómetros al sur de la capital y perteneciente a la Presidencia de Guatemala, en la cual participaron los ministros de Seguridad y Defensa, así como autoridades de Inteligencia de los dos países.
Durante la sesión revisaron protocolos y acuerdos bilaterales previos relacionados con la problemática, en particular los relativos al trabajo de inteligencia del Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia (Gansej) y del Centro de Antipandillas Trasnacionales (CAT).
Tras el encuentro confirmaron a periodistas que trasladarían la propuesta a El Salvador, para que los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica aúnen esfuerzos y creen una fuerza trinacional contra esos grupos con la ayuda de las fiscalías, los Ministerios de Interior y Defensa, y los servicios de Inteligencia.
'Hemos creído que si la criminalidad organizada tiene sus tentáculos, se mueve y ejecuta operaciones en contra de nuestra gente sin importar fronteras ni otro tipo de barreras, los Estados tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto, coordinado y altamente efectivo', enfatizó el jefe de Estado de Honduras.
'Creo que en la historia reciente de nuestros países, hoy más que nunca estamos trabajando muy de cerca, con metas concretas y llevando adelante algo que va a ser de beneficio para nuestros pueblos', subrayó.
Mientras que su par de Guatemala aseguró que el trabajo desarrollado por los dos gobiernos de manera conjunta contra el crimen transnacional ya daba frutos desde la creación de la fuerza de Tarea Interinstitucional Maya Chortí.
'Ha sido sumamente efectiva. Ya ahora la zona del occidente de Honduras, fronteriza con Guatemala, dejó de ser un paraíso para narcotraficantes y miembros del crimen organizado que tanto daño y tantas muertes nos causaron', ratificó Hernández.
DE AYER Y DE HOY La estrategia impulsada por el presidente de Honduras es relacionada por consultores con las políticas de mano dura implementadas en cada uno de esos territorios desde agosto de 2003, que redundaron en el apresamiento de miles de jóvenes y adolescentes, presuntamente ligados a las pandillas y maras.
Muchos de los detenidos entonces, sin que mediara orden judicial en buena parte de los casos, siguen recluidos en cárceles donde el hacinamiento es cuestión de primer orden y causa múltiples actos de violencia, y hasta ejecuciones, que lejos de contribuir a su reeducación los pervierten cada día más.
El antecedente fue el acuerdo establecido en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Tegucigalpa, en septiembre de 2003, donde las pandillas fueron definidas como 'una amenaza de desestabilización, más inmediata que cualquier guerra o guerrilla convencional'.
Acorde con el postulado el 15 de enero de 2004, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaron levantar todas las barreras legales a la persecución de mareros y pandilleros de cualquier nacionalidad en toda Centroamérica.
Y el 18 de marzo de 2005, los otrora presidentes Antonio Saca de El Salvador y Oscar Berger de Guatemala, establecieron una fuerza común de seguridad para patrullar su frontera común y enfrentar las actividades de esas asociaciones ilícitas.
En esa ocasión los gobiernos centroamericanos igual recurrieron a Estados Unidos, quien primero se resistió, pero finalmente aceptó participar en esa guerra cuando corrió el rumor de que un presunto miembro de la organización terrorista Al Qaeda, el saudí Yafar Al-Taya, estaba en tierra salvadoreña y estrechaba lazos con mareros.
Pese a que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desestimó esas afirmaciones, formuladas por el exministro hondureño de Seguridad Oscar Álvarez, en diciembre de 2004 creó un grupo de trabajo especial focalizado en las maras y en febrero del año siguiente instaló una oficina especial regional en San Salvador.
Transcurrida más de una década la opinión generalizada es que la búsqueda de nuevos métodos trasnacionales para enfrentar a las pandillas y maras responde a un mandato sostenido de Estados Unidos, que luego de copar México procura extender su frontera hacia esta zona geográfica.
Poco antes de viajar a Guatemala, el 27 de julio, el mandatario hondureño dijo a periodistas en Tegucigalpa que 'no hay que esperar más tiempo sin echar a andar lo que ya hemos concebido como una solución regional'.
Incluso expresó que formalizaría una petición a Estados Unidos para que ayude a los tres países en esta iniciativa, la que en su opinión 'perfectamente calza en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (APP)'.
'También creemos fundamental que en este esfuerzo participe Estados Unidos, porque buena parte del caldo de cultivo para el desarrollo de estas actividades delictivas tiene que ver con el narcotráfico, que se convierte después en narcomenudeo, luego en extorsión, en asaltos', añadió.
Hernández igual promovió la APP en el segundo semestre de 2014, a raíz del éxodo masivo de más de 60 mil menores de 18 años de edad centroamericanos sin acompañantes adultos, que fue aceptada por el vecino norteño en virtud de la crisis humanitaria provocada por ello en su frontera con México.
Tras varias negociaciones en diciembre de 2015 el Congreso de Estados Unidos admitió destinar 750 millones de dólares a la APP, mas condicionó la entrega de 75 por ciento de esa cifra a la solución de 16 temas relacionados con la seguridad nacional y fronteriza, desarrollo social, reformas políticas, fiscales y combate a la corrupción.
Es decir, para recibir la mayor parte de los fondos El Salvador, Honduras y Guatemala deben mejorar los indicadores elevados de criminalidad, pobreza, corrupción, impunidad y otros que arrastra hace varias décadas; y sólo 25 por ciento les llegará para ejecutar programas propios, con similares objetivos.
El Congreso de Estados Unidos también pidió que el Departamento de Estado presente un plan de gasto plurianual que explique el uso de los fondos para cada país, así como los objetivos, indicadores para medir el progreso, y una línea de tiempo para implementar la estrategia.
El funcionario designado para la tarea asumirá, además, la supervisión general del cumplimiento y podrá suspender en forma parcial o total la cooperación; mientras que en cada país debe funcionar una comisión autónoma dedicada a estos menesteres.
Los congresistas acordaron que los fondos asignados para la que denominaron Iniciativa de Seguridad Regional de América Central pueden ponerse a disposición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y de entidades similares en los otros países, si existieran.
EL PECADO DE MARAS Y PANDILLAS
Dos décadas después de los acuerdos que pusieron fin a las guerras convencionales que desangraron a esta parte del continente en los años 80, porque provocaron la muerte y desaparición de más de 400 mil personas, los pobladores del Triángulo Norte de Centroamérica viven un profundo drama humano y muchas veces se juegan hasta la vida en la cotidianeidad.
La expansión de la pobreza, de la desigualdad social, del racismo, de la discriminación y de un modelo de vida que privilegia al mercado por encima de los seres humanos, pasan factura en medio de una institucionalidad fallida y del incremento progresivo de una población joven sin muchas perspectivas de desarrollo.
En medio de ese contexto datos oficiales dan cuenta de la existencia de más de100 mil integrantes de pandillas en esta región, de los cuales están encarcelados mil 190 mayores de edad y 937 menores en Guatemala, 12 mil 851 en El Salvador y mil 399 en Honduras.
No obstante esas cifras, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador refiere la presencia en el territorio de 30 a 60 mil personas de distintas edades y sexo en esos grupos, la Dirección de Inteligencia Civil de Guatemala reconoce 15 mil y la Policía Nacional de Honduras, 25 mil.
Secuestros, decapitaciones, extorsiones, presiones y amenazas de todo tipo, eventuales explosiones en ciertas zonas, muertes por sicarios, narcotráfico, trata de personas y otros crímenes son atribuidos casi siempre a pequeños núcleos de esas bandas, algunas lideradas desde penitenciarías.
Hecho comprobado es, además, que varias pandillas centroamericanas dirigen sus operaciones con llamadas telefónicas que hacen desde estos países, pero igual desde Estados Unidos y México, y sus acciones cada vez son más sangrientas en cuanto a las formas y más abarcadoras en cuanto al número de víctimas.
Frente a ese panorama, la APP deviene una suerte de esperanza para ciertos sectores, confiados en que la llegada de los fondos prometidos por el vecino norteño pudiera contribuir a fortalecer estrategias para revertirlo.
Esa es otra de las razones por la cual los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala dejaron atrás la utopía de una tregua pacífica con estos grupos y parecen abrir el camino a una nueva guerra abierta contra sus miembros.
La presunta sorpresa por el crimen cometido contra dos niños de la comunidad rural Ajuixes, municipio de San Juan Sacatepequez, en el departamento de Guatemala despierta hoy la indignación de quienes claman por acabar con la criminalidad en Guatemala.
