La paz inconclusa en El Salvador

La firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, ilusionó a muchos con el posible destierro de la criminalidad en El Salvador; pero casi dos décadas después esta sigue creciendo.

Estadísticas oficiales dan cuenta de la imparable tendencia al alza de la problemática en el territorio, donde mueren cada día un promedio de 11 personas de manera violenta y persiste una elevada disponibilidad de armas en la población civil.

Mayor tolerancia y respeto a los derechos humanos eran los reclamos más generalizados al finalizar el conflicto interno, de acuerdo con el artículo tres, común en los Convenios de Ginebra, del 12 de Agosto de 1949.

Más allá de los 75 mil muertos, 40 mil mutilados o limitados y ocho mil desaparecidos, la confrontación en el país más pequeño de Centroamérica dejó una estela de odio, miles de armas de fuego en las calles y lo peor, una irritante impunidad.

La Ley de Amnistía, rubricada por el presidente Alfredo Cristiani, en 1993, dejó en libertad y sin proceso judicial a los culpables de los asesinatos perpetrados en esos años y pese a la polémica en su contra, sigue vigente.

El Derecho Internacional Humanitario protege a las víctimas de los conflictos armados y limita los medios y métodos de guerra. Las violaciones de esas normas son consideradas crímenes y por ley, los autores deben ser juzgados. Eso no ocurrió en El Salvador.

Por tal arbitrariedad, el dolor se renueva cada año cuando cientos de personas sufren la desesperanza al recordar, dentro o fuera del territorio, las matanzas cometidas por el ejército.

Para ejemplo, una muestra: lo acontecido en tres días de diciembre de 1981 en los caseríos de El Mozote, Toriles, Ranchería, Cerro Pando, Jocote, Amarillo, y Cerro de Piedras, de los municipios de Meanguera, en el norteño departamento de Morazán.

Casi un decenio después de aquellos acontecimientos la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador logró documentar 765 víctimas del operativo militar en la zona y la participación criminal del comandante del batallón Atlacatl, coronel Domingo Monterrosa.

También participaron en el crimen el mayor Armando Azmitia- jefe de operaciones de esa unidad, culpada igual del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas- y otros ocho oficiales.

Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 en una acción ejecutada por opositores salvadoreños.

Pese a las evidencias acopiadas por la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas contra los miembros del Atlacatl y otros cuatro batallones militares, sus integrantes fueron proscritos y desmovilizados, pero no enjuiciados.

¿Dónde están nuestros muertos, hasta cuándo estarán libres los asesinos?, cuestionan todavía múltiples sectores sociales.

Para el sacerdote Rogelio Poncelle, la pregunta adquiere mayor connotación si se considera a quienes mataron los militares: gente sencilla e indefensa, involucrada en la confrontación sin saber por qué.

Mientras, algunos defienden que esos documentos y la amnistía permitieron un diálogo entre los salvadoreños sin recurrir a las armas y que la legislación debe mantenerse por la supuesta paz propiciada por ella.

Hurgar en viejas heridas sólo servirá para destapar los odios entre las personas. Más oportuno sería no volver a tocar el tema y dejar que cicatricen, esgrimió en un ocasión el presidente Elías Antonio Saca.

Pero llegar a la verdad para posibilitar el perdón, la justicia y acceder a una reconciliación de la familia salvadoreña, es la sugerencia de la mayoría de los involucrados en el debate.

El pueblo sabe quiénes cometieron semejantes crímenes y antes de tomar venganza de manera personal, prefiere que el estado acepte su responsabilidad de juzgar a los criminales, añaden.

Si en los años 80 El Salvador era noticia por el conflicto bélico, otro tipo de guerra lo mantiene en titulares hoy: la imparable ola de criminalidad.

Marcela Smuth, funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideró que la situación está asentada en factores multicausales, vinculados a la exclusión y la inequidad sufridas por la mayoría de la población.

La guerra no terminó al callar las balas: persisten secuelas psicológicas en miles de personas que no son tratadas y lograr justicia es apenas un paso añorado por casi todas ellas, sostiene la Asociación Cristiana para el Desarrollo de El Salvador.