Sombras de violencia contra las centroamericanas en 2008
El luto estará presente en miles de hogares centroamericanos en vísperas del año nuevo, por el incremento progresivo de los asesinatos y de múltiples expresiones de violencia contra las mujeres durante 2008. Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer reflejan que, en Latinoamérica, 25 por ciento de las féminas sufre abusos sexuales por parte de sus parejas; sólo cinco por ciento de las violaciones denunciadas terminan en condena y seis mil mueren, cada año, por efecto de abortos clandestinos. Los países istmeños no son ajenos a ello. En Honduras, por ejemplo, el Centro de Derechos de Mujeres registró mil 100 crímenes contra estas entre 2002 y 2008, por lo que solicitó a la Corte Suprema de Justicia la creación inmediata de juzgados especializados en violencia doméstica. Sólo de enero a julio de este último año, la fiscalía contabilizó 177 asesinatos de féminas. Para los seguidores del tema, lo más alarmante son las muestras de torturas, mutilaciones y maltratos de todo tipo, reflejados en los cadáveres de las víctimas, cuyas imágenes son difundidas sin recato y con pleno morbo por los medios de comunicación. Algo similar acontece en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, donde también es cuestionado el papel de la prensa- en todas sus aristas- frente a la discriminación de género, en tanto los entendidos insisten en la urgencia de investigar los casos de feminicidios, por su tendencia al incremento. Defensoras de los derechos de este sexo aseguraron que las autoridades salvadoreñas no realizan acciones específicas orientadas a combatir y eliminar la criminalidad contra las mujeres, pese a los elevados índices de denuncias por maltratos, violaciones y asesinatos. El Estado no actúa ante la violencia que sufren las féminas ni mucho menos esclarece sus muertes, afirmaron representantes de Las Dignas, la Organización de Mujeres por la Paz y la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las integrantes de la red, conformada por esas agrupaciones, concordaron en que los representantes del gobierno tratan de justificar tales crímenes como parte de la ola de violencia que azota a la nación. Esa respuesta negligente, irresponsable y evasiva del Estado, en opinión de las feministas, sólo contribuye a aumentar la incidencia de la problemática en uno de los países más violentos de América Latina. En el caso de los feminicidios, no se cuenta con datos específicos sobre los mismos por lo cual la información que se tiene es sobre las muertes de mujeres en general. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre 1999 y septiembre de 2007 se contabilizaron dos mil 402 asesinatos contra mujeres en El Salvador y hasta el momento ni uno fue esclarecido. Costa Rica tampoco es ejemplo de buena voluntad estatal frente al tema y eso lo prueban las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de la Mujer: desde 1995 hasta finales del 2007, más de 300 feminicidios y un ascenso progresivo de la problemática. A ello se sumaron cuatro mil 138 denuncias por agresión doméstica en los primeros ocho meses de 2008 y alrededor de 29 homicidios contra representantes del mal llamado sexo débil hasta noviembre, según el Instituto Nacional de la Mujer. Frente a tal situación, líderes feministas y en específico la Procuradora de los Derechos Humanos Lisbet Quesada, sugirieron incorporar el tema a la agenda de seguridad ciudadana y desarrollar una política más agresiva para combatir la impunidad en tales casos. La Coordinadora 25 de Noviembre, de Guatemala, añadió al inventario el fallecimiento de 659 féminas en el año, también por razones vinculadas a la discriminación por razones de sexo. Esa nación centroamericana es considerada uno de los casos más patéticos del mundo de asesinatos contra mujeres, porque las autoridades prefieren simular que no se comete ese tipo de crímenes, según el Grupo de Apoyo Mutuo. De enero a mayo de 2008, señalaron, 135 fueron secuestradas, luego de la privación de libertad que de por sí es una forma de tortura; se producen amenazas e intimidaciones, violación sexual y en la mayoría de los casos, la muerte. Pero cuando se examinan los archivos en los tribunales, ni una sola persona ha sido detenida o señalada de estar a la cabeza de estos asesinatos. Las autoridades, hombres en su mayoría, ven estas muertes con indiferencia y empiezan a reaccionar solo ante la presión internacional, denunciaron. En Nicaragua, el Movimiento de Mujeres Sandinistas y el Movimiento Autónomo de Mujeres reportaron la muerte de 64 representantes del sector en este año y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por la problemática de la violencia de género, en particular, la intrafamiliar. El aumento de asesinatos de mujeres en los últimos años y la derogación del aborto terapéutico del Código Penal, constituyen preocupantes a seguir por parte de las autoridades, a instancias de las defensoras del respeto a su sexo. Según la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), el monitoreo en los medios de comunicación arrojó un sustancial aumento de las víctimas, de 29 en el 2000 a 65 en el 2007, mientras que, en el trimestre del año por finalizar, eran 18 las asesinadas. Estimados apuntan que una de cada tres mujeres nicaragüenses sufrió abuso sexual o actos de violencia intrafamiliar. El mismo porcentaje afecta a las menores, mientras que uno de cada cinco niños pasó por idéntico drama. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de género denuncian, además, que existe un fuerte subregistro, porque las denuncias en la Policía tienen que ver con los episodios más extremos y representan una pequeña muestra del fenómeno. El feminicidio está fundamentado en aspectos culturales y estructurales de inequidad y dominio de una persona hacia la otra en razón de los roles de género socialmente asignados, por lo que constituye una acción de discriminación por sexo en contra de las mujeres, es la opinión más generalizada entre los especialistas.
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