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Evalúan alcance de Ley contra la violencia hacia mujeres en Nicaragua

Evalúan alcance de Ley contra la violencia hacia mujeres en Nicaragua

Integrantes de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la violencia hacia las mujeres y operadores de justicia analizaron este 5 de abril el alcance de la ley destinada a enfrentar esa problemática social en Nicaragua.

Durante la jornada la Procuradora Especial de la Mujer, Débora Grandinson, manifestó su complacencia a esta autora porque en este país "ya no se está tolerando el irrespeto a los derechos humanos de las mujeres y se está trabajando por restituirles todos los que le corresponden".

"El Estado de Nicaragua dijo no más violencia hacia las mujeres, acorde con el mandato constitucional que tiene de eliminar todas las barreras para garantizar el respeto a los derechos humanos de ellas", declaró.

Cuestión por acabar de pulir, a su juicio, es la prevención "porque paulatinamente los recursos están llegando para que la ley funcione y somos nosotros los que tenemos que trabajar porque ese cuerpo jurídico funcione, adoptando todas las medidas posibles".

Respecto a la reacción tardía de algunos a la Ley 779 o Ley contra la violencia hacia la mujer y de Reforma a la Ley 641 Código Penal concordó con quienes aseguran que esas manifestaciones tienen un fuerte componente ideológico por el arraigo del sistema patriarcal.

Lo que hay es resistencia porque los agresores se ven amenazados ante la determinación del Estado de enfrentarlos, con lo cual muchas mujeres pierden el miedo de formalizar las denuncias en su contra, según Grandinson.

La violencia salió del ámbito privado y lo que se pretende es que las mujeres no sigan callando, remarcó y aseguró que las nicaragüenses no van a permitir avanzar a quienes procuran derogar la normativa favorable a ese segmento de la población, que constituye más del 50 por ciento de los habitantes en este país.

Cada año 35 mil mujeres reciben atención forense en Nicaragua como consecuencia de la violencia de la que son víctimas sobre todo en sus hogares, lo que coloca en entredicho el supuesto argumento de inconstitucionalidad esgrimido contra esa ley, recordó.

Al inaugurar el encuentro este día, en el capitalino Hotel Las Mercedes, la presidenta de la Corte Suprema de Justica, Alba Luz Ramos, argumentó la justeza de ese cuerpo jurídico, al cual calificó de integral porque brinda protección, previene y sanciona contra la violencia.

Remarcó que en el centro del debate en torno a esa ley hay una posición ideológica, producto de una cultura patriarcal que justifica y acepta que las desigualdades entre ambos sexos son naturales y normales.

Ramos abogó por una correcta aplicación del articulado de esa norma y por la capacitación de los encargados de velar por su cumplimiento, del mismo modo que llamó a una visión más integral respecto al fenómeno debido a que muchas veces los agresores fueron víctimas en su infancia de abusos.

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