Victoria de Nicaragua en tribunal judicial de Estados Unidos

La Corte Federal de la Florida, Estados Unidos, reconoció hoy el derecho de Nicaragua contra los expropietarios de los Laboratorios Solka, que pretendían obligarlo a pagar 18,7 millones de dólares como indemnización.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Hernán Estrada, destacó ese triunfo y el papel desempeñado por el equipo de juristas nicaragüenses especializados en materia internacional que "volvió a demostrar la justeza de las decisiones del gobierno de Daniel Ortega para ejercer la soberanía patria".
Estrada calificó de abusiva la intención de los miembros de la familia Solórzano, otrora dueños de esa farmacéutica, al llevar el caso a un juzgado en Estados Unidos.
Ello obligó al Estado de Nicaragua a incurrir en cuantiosos gastos y trámites para defender su derecho de jurisdicción, explicó y adelantó que precisarán los costos en que hubo que incurrir para determinar si procede entablar la demanda respectiva contra los culpables de tanto afán.
El triunfo en materia judicial este día respondió a la apelación presentada por este país contra el fallo emitido en abril por la jueza Úrsula Ungaro, de la Florida, que le exigió una erogación millonaria en beneficio de los Solórzano.
Frente a esa sentencia, el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, denunció que ellos "ni siquiera le preguntaron al Estado nicaragüense a través de los canales correspondientes -que son los canales diplomáticos- que era lo que pasaba con esta situación".
Arce puntualizó que la defensa del derecho nacional recaería en la PGR por cuanto ellos tratan asuntos de la propiedad e indemnizaciones, vía por la cual hubiera podido resolverse ese asunto sin traspasar fronteras, como había ocurrido antes con otros casos.
Dirigentes sindicales de Laboratorio Solka rechazaron la maniobra legal que pretendía favorecer a los anteriores dueños de la empresa, de la cual ahora controlan 40 por ciento del capital accionario por determinación del gobierno sandinista.
En medio de la controversia el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, Luis Barbosa, recordó los actos de corrupción y fraudes realizados por los exadministrativos de Solka.
Según la jueza estadounidense el Estado nicaragüense debía resarcir a los Solórzano por "despojarlos" de su propiedad vía confiscación, primero en la década de los 80 del pasado siglo y luego tras su retorno al poder (2007).
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses probaron que, aunque la exgobernante Violeta Barrios devolvió durante su mandato la empresa a los Solórzano, en 2008 estos aceptaron una oferta de compra del gobierno sandinista a raíz de la cual buena parte del control del laboratorio pasó a los obreros.