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Rechazo femenino en Nicaragua a intento de flexibilizar Ley 779

Rechazo femenino en Nicaragua a intento de flexibilizar Ley 779

Decenas de integrantes de organizaciones feministas nicaragüenses protestaron debido a la propuesta de incluir la mediación en la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de Reforma a la Ley 641 Código Penal.

El plantón tuvo lugar frente a la sede capitalina de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, donde está en curso la iniciativa de reforma a ese cuerpo jurídico luego que fuera presentada de manera oficial por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para las defensoras de los derechos de las mujeres la restitución de la figura jurídica de mediación en violencia intrafamiliar es un error, por cuanto redundará en más feminicidios bajo la lógica patriarcal prevaleciente en este país.
Al menos 56 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua en los ocho primeros meses de este año, 19,1 por ciento más que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 47, informó la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
La restitución de la mediación es muy peligrosa en los casos de abusos, por eso las miembros de la Red de Mujeres contra la Violencia protestan contra ella, para buscar evitar esa posible reforma, declaró a la prensa la coordinadora nacional de ese bloque, Elia Palacios.
Desde la semana anterior los integrantes de la CSJ ratificaron la constitucionalidad de la también conocida como Ley 779, pero propusieron incluir en ella la figura de la mediación en casos específicos por considerarlo apropiado en correspondencia con el Código Penal en Nicaragua.
El tema despierta opiniones encontradas también entre los diputados y en particular entre los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, en la cual será debatido el proyecto de enmienda a esa normativa con vistas a un dictamen al respecto, como paso previo a su análisis en el plenario.
Los magistrados propusieron modificar el artículo 46 y adicionar el 30, el 32 y el 155 del Código Penal, asociados a la violencia doméstica e intrafamiliar, para que la mediación entre las partes pueda ser aplicada, pero de modo limitado y regulado por las autoridades judiciales competentes.
El plan incluye permitir a los jueces procesar a otros miembros de la familia, incluida la mujer, al ejercer violencia contra un menor, un anciano o un hombre.
Según la presidenta de la Corte, magistrada Alba Luz Ramos, la mediación será conocida únicamente por el juez competente o el fiscal y quedarían excluidos las autoridades policiales y notarios.
Además, precisó, deberán ser cumplidos una serie de requisitos como la no reincidencia de los imputados, que no haya mediado en ocasión anterior sobre delitos de igual naturaleza, y que sean delitos menores, entre otras condiciones.

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