Futuro presidente de Costa Rica heredará un sistema penal en crisis

El próximo presidente de Costa Rica heredará un sistema carcelario en crisis, con una sobrepoblación que pudiera ascender de tres mil 656 a cinco mil reos en pocos años, advierten organismos internacionales.

Problemas de infraestructura y escasez de personal policial en las penitenciarías también serán legados por el gobierno de Laura Chinchilla a quien resulte triunfador en la segunda vuelta de las elecciones, este 6 de abril.
Para ese día las encuestas dan como favorito en las intenciones de voto al candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, quien se enfrentará en las urnas con el del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, pese a la decisión de este de retirarse de la campaña política.
Cualquiera de ellos que gane recibirá el resultado de la incapacidad del Poder Ejecutivo de invertir lo necesario para tener los espacios carcelarios requeridos, coinciden expertos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
En Costa Rica existen 14 centros penales, con capacidad para nueve mil 800 presos, pese a lo cual alojan cerca de 13 mil 500.
Esa cifra de súper población en los centros penales ronda el 37 por ciento, cercana al 40 por ciento que colocaría a los reclusorios de este país en la categoría de inmanejables, de acuerdo con el Ilanud.
La cárcel de San Sebastián, en la central provincia de San José, es la que acumula mayor cantidad de presos sin recibir condenas y en condiciones de hacinamiento.
Para Solís, la solución a esas problemáticas pasa por crear más espacios para el internamiento, de forma paralela a la aplicación de otras formas de ejecución de la pena como las libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena por trabajo o estudio.
Según su Programa de Gobierno, este último beneficio solo será para quienes cumplan condenas por delitos con los cuales no hayan afectado la vida ni la propiedad de la población, previo estudio de la Dirección de Adaptación Social.
Esa estrategia incluye, a su vez, el diseño de esquemas para la reinserción laboral e incentivos para la contratación de personas con antecedentes penales.
Araya aboga por intensificar el papel educativo y laboral de los reclusos, ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria, y reacomodar los esquemas de selección, capacitación y dignificación del personal penitenciario.