Progreso en caso cooptación del Estado

Con la esperada apertura a juicio concluyó la fase preliminar del proceso penal por la cooptación del Estado en Guatemala, el cual engloba todos los abiertos en torno a la corrupción que signó al gobierno del Partido Patriota (2012-2015).
Luego de 27 audiencias intensas el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B, juez Miguel Ángel Gálvez, concluyó que 53 de los 57 sindicados por pertenecer a una estructura criminal dedicada a captar financiamiento electoral de manera ilícita y agenciarse el control de varias instituciones para enriquecerse deben enfrentar la justicia.
Cuando parecía que el veredicto todavía tardaba en llegar, tras cinco días de presentación detallada de argumentos, el jurista sorprendió a buena parte de los presentes en la Sala de Vista de la Torre de Tribunales y dejó en claro que existían elementos de prueba abundantes para llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
Los miembros del exbinomio presidencial, conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, enfrentarán cargos por cohecho pasivo y lavado de dinero, anunció y puntualizó que decidió descartar para estos los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por cuanto ambos “ya están señalados de ellos en otros procesos en su contra”.
Gálvez resolvió que de los 57 sindicados en este caso quedaran libres por falta de mérito el exdiputado Marvin Estuardo Díaz y tres acusados más, mientras que el resto deberá concurrir ante el tribunal para ser procesado por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo, pasivo, lavado de dinero, u otros.
Con ese pronunciamiento, el titular del Tribunal de Mayor Riesgo B cerró un ciclo que para muchas personas comenzaba a parecer interminable y hasta apuntada a una intención de complejizar el proceso o cuando menos retardarlo.
Si bien pocos dudaron de las buenas intenciones de Gálvez, a ciertos sectores movió a risa o desencanto su empeño en hacer de su exposición una suerte de conferencia en varios capítulos, orientada a ilustrar el mejor modo de diseñar una estrategia capaz de convencer de la inocencia o culpabilidad de un señalado en cualquier proceso.
Pero sin dudas, desde el primer momento, el jurista puso sobre el tapete aspectos esclarecedores desapercibidos por quienes siguen esta causa y sugirió que contaba con elementos suficientes para llevar a juicio a los encartados.
Incluso, sin tener que ceñirse a las declaraciones de los colaboradores eficaces del Ministerio Público –Juan Carlos Monzón y Salvador González- u otras evidencias acopiadas por la parte acusadora, cuya labor trata de ser ridiculizada por ciertos medios de prensa so pretexto de que esos testimonios son los únicos asideros de un caso con destellos de montaje.
Falta para el final de este proceso legal, cierto, pero la pericia demostrada por Gálvez permite avizorar que se está a las puertas de uno de los juicios de mayor trascendencia en este país y no sólo porque entre los sindicados destaquen los exgobernantes, exministros, exfuncionarios, banqueros y empresarios.
Cada nuevo señalamiento del presidente del tribunal encargado despierta más interrogantes y pareciera que nunca podrá saberse del todo hasta dónde llegó el desparpajo de Pérez Molina y Baldetti, presuntos creadores de las redes criminales que obraron en los casos Terminal de Contenedores Quetzal, Coperacha y Cooptación del Estado.