Tras las huellas del Plan Cóndor en las universidades sudamericanas

   Varios hallazgos, refuerzan la visión de que la vinculación entre civiles y militares para aniquilar a vastos sectores sociales en el contexto de los años 80 del siglo pasado, tuvo su extensión en las universidades latinoamericanas.

    Los centros de altos estudios de los países del sur del continente, sirvieron también para la persecución física e ideológica a los identificados como enemigos de los regímenes militares establecidos en la época con el apoyo de Estados Unidos.

   Igual que gremialistas, industriales, religiosos, intelectuales, u otros, los estudiantes universitarios estuvieron contemplados en el programa conocido por Operación Cóndor y sujetos al terror que implicó.

   Fichas encontradas en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, demostraron que entre los perseguidos estaban jóvenes argentinos, paraguayos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, y otros.

    Los nombrados en las listas en cuestión eran estudiantes y docentes expulsados, suspendidos e investigados por ser ajenos a la concepción ideológica propugnada por el Plan Cóndor Universitario.

    De ellos, 35 alumnos fueron sancionados y luego desaparecieron sin dejar rastros, precisó el profesor paraguayo Martín Almada, colaborador del proyecto investigativo Cóndor en el Ámbito Universitario. Conspiración contra la Sociedad del Conocimiento.

    El doctor en Ciencias de la Educación recordó que el plan cobró la vida de más de 100 mil personas en América Latina, mayormente dirigentes obreros y campesinos, estudiantes, profesores, artistas, periodistas, médicos, religiosos, abogados, e intelectuales.

    El único delito de los supuestos subversivos fue haber cargado como armas sus lápices para dibujar países justos, sin exclusiones, solidarios, es decir revolucionarios, añadió el paraguayo.

    La finalidad del proyecto de investigación desplegado desde la universidad argentina- con la colaboración de testigos de aquellos hechos en el área- es demostrar que las dictaduras militares sistematizaron la persecución en los centros de estudios superiores.

Almada vivió cómo en esas instituciones latinoamericanas operaron de manera directa agentes militares de alto rango, cuyas informaciones se entrecruzaron de un país a otro, con idéntico propósito criminal.

    El Rector de la Universidad Nacional de La Plata en abril de 1972, el doctor Guillermo Gallo, era un ex oficial que había asesorado algunas universidades brasileñas también controladas por los militares, rememoró.

    Éste contaba con la colaboración a su vez del otrora Agregado Militar de Argentina en Paraguay, coronel Juan Carlos Moreno, quien fungía entonces como Asesor Técnico del Rector.

    “Transcurridos 15 años después del descubrimiento del archivo del terror, tengo fuerte evidencia que fue el coronel Moreno el que envió al presidente de mi país, Alfredo Stroessner, un ejemplar de la tesis que defendí en la Universidad de La Plata”, aseguró Almada.

    “Paraguay: Educación y dependencia” era el título del trabajo, donde el académico sostenía que en esa nación suramericana la educación beneficia sólo a la clase dominante y está al servicio del subdesarrollo y la dependencia.

   En consecuencia, el seguidor de las ideas del brasileño Paulo Freire recibió torturas salvajes 30 días y luego los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay- organizados en una suerte de tribunal- lo condenaron por “terrorista intelectual”.

    La sentencia emitida por ese ente regional le costó a Almada tres años de cárceles, la muerte de su esposa, la confiscación de sus bienes y 15 años de exilio.

   Pero miles de latinoamericanos padecieron igual que él la imposición de un escenario brutal, donde los interventores militares ocuparon los lugares del saber decir, del saber pensar y de modelos a imitar con tal de acabar con sus detractores, manifestó.

   El esclarecimiento de estos y otros crímenes cometidos en la época continúa siendo una urgencia para acabar con la impunidad que gozan muchos de los autores de los crímenes, torturas y desapariciones en el ámbito de las dictaduras militares.

   Ello constituye a su vez uno de los retos que todavía deben sortear los gobiernos del área en el proceso de la construcción de la institucionalidad democrática transcurridas más de dos décadas.