Exigen juicio por desaparición de niño Molina Theissen en Guatemala

La familia Molina Theisse y organizaciones de derechos humanos insisten hoy en su pedido de llevar a juicio a los culpables de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen por el Ejército de Guatemala en 1981. La audiencia de fase intermedia en la cual la jueza Judith Secaida decidirá si los imputados por ese crimen serán ligados a proceso tendrá lugar este 19 de abril a las 08:15 hora local, en el Juzgado Quinto de Primera Instancia, en el cuarto nivel de la capitalina Torre de Tribunales.

Los sindicados en este caso por delitos contra los deberes de humanidad son el ex jefe de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército en 1981, Manuel Callejas; el excomandante Luis Gordillo, el exsegundo comandante Edilberto Letona, y el exoficial de inteligencia militar Hugo Ramiro Zaldaña.
En virtud de las pruebas acumuladas el Ministerio Público concluyó la imputación de los cuatro exoficiales sindicados: a Callejas, por el delito contra los deberes de humanidad, mientras que a los otros tres los de desaparición forzada, violación agravada y con agravación de la pena en concurso real y delitos contra los deberes de humanidad.
Según la Fiscalía, los señalados ordenaron a sus subalternos realizar operaciones contrasubversivas y permitieron ingresar a la Zona Militar General Manuel Lizandro Barillas, del departamento central de Quetzaltenango, a una detenida clasificada como tal: Emma Guadalupe Molina Theissen.
Tras nueve días de brutales torturas y violaciones sistemáticas la joven activista logró escapar y como respuesta el 6 de octubre de 1981 miembros de la sesión de Inteligencia del Ejército llegaron al hogar de la familia en su búsqueda, pero al no encontrarla, llevaron a su hermano como rehén.
Los militares, vestidos de civil, irrumpieron en la vivienda de la capitalina Zona 19, colonia La Florida, y se llevaron al niño de 14 años de edad en presencia de su madre, Emma Theissen Álvarez.
Pese a las acciones emprendidas por la familia desde entonces para lograr justicia, que redundaron en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004, el Estado de Guatemala nunca obró contra los acusados hasta este año.