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Mujeres Premio Nobel apoyan a víctimas de Sepur Zarco en Guatemala

Representantes de la Iniciativa de Mujeres Nobeles de la Paz manifestaron hoy su respaldo a las mujeres mayas q'qechi esclavizadas sexualmente en el destacamento militar de Sepur Zarco, instalado durante la guerra interna al noroeste de Ciudad Guatemala.

Tanto para la premio de la academia sueca en 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú; como para la estadounidense que recibió el galardón en 1997, Jody Williams, este juicio reviste una significación histórica considerable y sin dudas redundará en una sentencia condenatoria contra los acusados.
En conferencia de prensa en un hotel capitalino ambas rechazaron la insistencia en marcar la presunta intención de los vinculados a este caso de buscar sólo el resarcimiento económico de las víctimas.
"Nuestro lado solo es uno: el lado de esas mujeres", declaró Menchú en respuesta a Prensa Latina y afirmó que "no se puede especular de reparación dignada de manera tendenciosa o perniciosa. El Estado está obligado a resarcir a las víctimas de estos hechos, es su responsabilidad".
Aseguró que continuarán difundiendo la verdad de este caso y respaldando a las organizaciones que obran como querellantes adhesivas en el mismo: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), agrupadas en la Alianza de Mujeres Guatemaltecas Rompiendo el Silencio.
"Por nuestra parte podemos visitar a estas mujeres, hacerle entender al mundo acerca del caso, y lo que han pasado ellas hasta lograr la sentencia que esperamos", señaló Williams, para quien "este es un regalo de esperanza para el mundo y la gente que no está con los militares debe estar orgullosa por este juicio".
Mientras las abogadas Paula Barrios (de MTM) y Ada Valenzuela (Unamg) agradecieron el acompañamiento a las puertas de una sentencia histórica, que seguirá a 18 audiencias.
Destacaron la importancia de esto para que se conozca la verdad de las esclavizadas en Sepur Zarco y de un proceso que sentará un precedente legal y político para todo el mundo, pero sobre todo en América Latina.
"Más que el dinero, que no les podrá devolver a sus esposos desaparecidos, a sus hijos asesinados, o su propia vida lastrada, estas mujeres aspiran acceso a educación, salud, y oportunidades de ejercer ciudadanía", precisó Barrios.
"Tras 34 años de esperar justicia ellas están cansadas, agotadas, pero expectantes, esperando una sentencia condenatoria contra los exmilitares Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdéz Asij que a la larga posibilite que ninguna mujer tenga que volver a andar con el rostro cubierto por seguridad, vergüenza o temor", comentó la representante legal de ECAP, Susana Navarro, ante una pregunta de Prensa Latina.
La aspiración máxima de estas víctimas es general un cambio en beneficio de las mujeres al menos en el caribeño territorio de Polochic, cuya población enfrentó los azotes del conflicto interno armado de manera particular.

Mujeres de Guatemala instan a avalar cambios a ley electoral

La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala Por el Acceso a la Justica reiteró hoy la necesidad de que el Congreso apruebe con urgencia las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Mediante un comunicado, divulgado a través de la red de redes, el bloque de organizaciones reiteró el respaldo a esa iniciativa legal y solicitó su pronta ratificación, así como su aplicación y entrada en vigencia.
Las integrantes del grupo consideran que los cambios a ese cuerpo jurídico son una "condición necesaria para alcanzar la paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres en la postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular".
Por esa razón, pidieron a la ciudadanía vigilar el proceso de aprobación de la ley y recordaron que el parlamento debe garantizar la participación política de todas las personas, en igualdad de condiciones, en aras del avance de la democracia y del sistema político electoral en Guatemala.
A su vez solicitaron a todas las redes y organizaciones de mujeres y feministas a prolongar los esfuerzos de articulación hasta lograr la validación de la reforma e invitaron a sumarse a este accionar a los diferentes sectores de la sociedad.
"Las mujeres representamos más del 52 por ciento de la población guatemalteca y llevamos más de 20 años luchando por las reformas a la LEPP en garantía de nuestros derechos políticos", recuerda el documento.
Menciona, además, que esta lucha tiene como base "los artículos 4, 46 y 136 de la Constitución Política de la República, que establecen la participación igualitaria de mujeres y hombres, indígenas, mestizas/ladinas, y la preeminencia de las convenciones de derechos humanos sobre el derecho interno".
En ese sentido, alude a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (1979), que contiene mecanismos temporales positivos para lograr la igualdad real que contribuirá al fortalecimiento de la democracia.
También reconoce "los avances de primera generación de las reformas a la LEPP, relacionados con el voto en el extranjero, transfuguismo, voto nulo, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres y la inclusión de los pueblos indígenas, fiscalización y financiamiento de partidos políticos, propaganda y medios de comunicación, entre otros.
De igual modo, valora los progresos en el dictamen sobre la Iniciativa de Ley No. 4974, remitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) al Congreso en el Expediente 4528-2015, particularmente en cuanto al artículo 212 sobre postulación e inscripción de candidatos.
La CC emitió un dictamen favorable "considerando, que este tipo de reformas nos encaminan a alcanzar una democracia real, especialmente el derecho a la participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas, en condiciones de igualdad", agrega la alianza.

Sepur Zarco y el horror dejado por la guerra en Guatemala

Crispa la piel escuchar tanto horror relatado por las mujeres mayas q´eqchies que sobrevivieron a la esclavitud sexual y doméstica desatadas contra ellas hace 34 años por el destacamento militar instalado en Sepur Zarco, noroeste de Guatemala.

Rostros cubiertos, manos temblorosas y palabras entrecortadas, bastan para despertar la rabia pero igual avivan la admiración por quienes nunca olvidaron y claman justicia para ellas, para sus esposos asesinados y para los hijos muertos por hambre en medio de la guerra más cruenta de las vividas en Centroamérica.
Durante los dos primeros días del juicio, finalmente logrado contra al menos dos de los jerarcas de la tropa asentada entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal (1982-1983), cerca de un centenar de personas presenció lo que a claras luces es de los mejores actos de recuperación de la memoria histórica en este país.
Las acusaciones contra el excomandante de la otrora Zona Militar 6 del municipio El Estor, en Izabal, Esteelmer Reyes Girón; y contra el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, corroboran denuncias similares en procesos penales anteriores y datos acopiados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH,1999).
Pero más allá de eso, coinciden juristas e historiadores, aportan los elementos que faltaban para completar el cuadro de lo que acompañó al conflicto armado interno en Guatemala: genocidio, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Según las protagonistas de este juicio histórico, por ser el primero en que delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de esclavitud sexual se juzgan en el país donde fueron cometidos en un contexto de guerra, ambos sindicados autorizaron tratos inhumanos, crueles y denigrantes.
Reyes Girón, desde su cargo de oficial del Ejército, consintió que los soldados bajo su mando ejercieran estos como arma de guerra; mientras Valdez Asij cometió delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada de personas.
"En el destacamento cocinábamos grandes ollas. Fui violada muchas veces. Una de mis hijas también fue violada. Un hombre gordo era el primero que nos violaba, después venían otros menuditos", contó Petrona Choc, de 75 años de edad, y aseguró que los soldados no les pagaban por lo que hacían: sólo les daban cuatro tortillas, a las que nombraban carne de perro.
Frente al Tribunal de Mayor Riesgo A también declaró en calidad de testigo Arturo Choc Chub y recordó que junto a otros hombres de su comunidad fue obligado a construir el destacamento Sepur Zarco, mientras las mujeres eran violadas y entre ellas su esposa, Magdalena Pop, quien falleció hace tres años.
Cada testimonio escuchado en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, el 1 y 2 de febrero de 2016, confirman lo contado antes en distinos espacios: los militares primero asesinaron a varios hombres y luego fueron por sus viudas para arrastrarlas a punta de pistola y atropellos hasta el enclave militar.
Durante cerca de seis meses de cautiverio, las mujeres fueron obligadas a cocinar, lavar los uniformes y satisfacer los caprichos de los soldados, al mismo tiempo que eran vejadas sexualmente de forma colectiva -incluso frente a sus hijos e hijas- al extremo que varias sufrieron hemorragias y enfermedades.
A esas torturas físicas y psicológicas se sumaron después las que por más de un lustro padecieron huyendo en la montaña, con sus criaturas a cuesta, viéndolas padecer hambre, frío y hasta morir por desnutrición, mientras sobrellevaban las secuelas de las enfermedades legadas por sus victimarios y algunas, embarazados indeseados.
Eso y más encierra el caso Sepur Zarco, logrado después de casi seis años de un acompañamiento intenso de tres organizaciones civiles a 15 mujeres mayas q´eqchies, de las cuales apenas 11 fueron aceptadas por el juez como querellantes bajo el argumento de que las otras no habían estado de manera permanente en esa base.
Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, son las agrupaciones que junta a ellas -y a cuatro hombres también afectados por estos crímenes- procuran justicia, mas igualmente demostrar al mundo cuánto dolor queda por restañar en Guatemala.

Frenan intento de retardar juicio por caso Sepur Zarco en Guatemala

El Tribunal de Mayor Riesgo A frenó hoy el intento de retardar el juicio por los crímenes cometidos contra mujeres mayas q''eqchíes en Sepur Zarco, destacamento militar establecido al noroeste de Guatemala durante la guerra (1960-1966).

Al comenzar la primera vista del proceso, en el cual participan 11 de las 15 sobrevivientes de violaciones sexuales, esclavitud sexual y doméstica mientras estuvieron cautivas en ese enclave, el abogado defensor Moisés Galindo pidió considerar un amparo interpuesto por la eventual imparcialidad de los jueces.
El jurista, conocido por haber actuado en juicios anteriores a favor de exmilitares culpados de genocidio y desaparición forzada de personas, esgrimió la posible incidencia en la actuacións del tribunal de su enemistad con una de las juezas encargadas, Yassmin Barrios.
La encargada de dirigir el debate esta vez también tuvo a su cargo el juicio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983) por la masacre contra mil 771 indígenas ixiles y emitió una sentencia de 80 años de prisión en 2013.
Con base en el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al amparo provisional, la fiscalía desestimó la inhibitoria alentada por Galindo e inició el análisis de pruebas contra el excomandante de la otrora Zona Militar 6 de El Estor, departamento caribeño de Izabal, Esteelmer Reyes Girón; y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.
De acuerdo con los testimonios presentados, los acusados participaron en la matanza de varias personas y en las agresiones y violaciones sexuales que durante seis meses sufrieron 15 mujeres mayas q´quechies, mientras eran obligadas a cocinar, limpiar y lavar la ropa de los soldados sin recibir pago alguno.
Reyes Girón, como comandante de pelotón y subteniente del Ejército, autorizó y consintió que los soldados bajo su mando ejercieran violencia sexual y tratos inhumanos, crueles y denigrantes contra esas mujeres, afirmó la fiscal Hilda Pineda.

Calificó repetitivas y prolongadas las agresiones contra las víctimas y aseguró que estos métodos crueles fueron utilizados como arma de guerra hace 34 años, por lo cual se consideran de lesa humanidad y por tanto no prescriben.

En cuanto al otro acusado, Heriberto Valdez Asij, señaló que con el cargo de comisionado militar cometió delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada.

Cientos de personas acudieron a la sala de audiencias esta jornada, donde las querellantes aparecieron con sus trajes típicos y con la cabeza cubierta, para evitar la doble victimización por los crímenes de los cuales fueron víctimas en medio del conflicto interno armado.
Entre los presentes en el juicio, histórico por ser la primera vez que delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de esclavitud sexual se juzgan en el país donde fueron cometidos en un contexto de guerra, estaban miembros del cuerpo diplomático y de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala.

Protestan en Guatemala por negativa de sala para juicio Sepur Zarco

Organizaciones de mujeres protestarán hoy en Guatemala contra el Organismo Judicial (OJ) por cerrar la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia al juicio por crímenes de guerra en el destacamento militar Sepur Zarco.

La notificación del OJ esgrime que, por un remozamiento concluido en octubre de 2015, la sede no puede utilizarse para las audiencias públicas del caso abierto por las denuncias de 15 mujeres qeqchies violadas y esclavizadas por seis meses en el enclave situado entre los departamentos norteños de Alta Verapaz e Izabal.
Ellas eran viudas debido al conflicto armado, lo que aprovecharon los integrantes del Ejército para forzarlas a ir al destacamento, donde las obligaron a cocinarles, a lavarles la ropa, y las abusaron sexualmente de forma colectiva, al extremo que varias sufrieron hemorragias y enfermedades.
El juicio contra dos sindicados por estos hechos, ocurridos de 1982 a 1983, fue convocado para el lunes 1 de febrero en esa sala con el fin de posibilitarle a cientos de personas presenciar la presentación de los peritajes acopiados para sustentar las imputaciones de las víctimas pese a los años transcurridos.
En entrevista con Prensa Latina, la abogada de Mujeres Transformando el Mundo (MTM) Paula Barrios explicó que en todo ese tiempo estas víctimas de la guerra trataron de lograr justicia y nunca lo consiguieron.
Después de siete años de trabajo conjunto con ellas, tres organizaciones unidas en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad interpusieron la querella penal en septiembre de 2011 y justo un año más tarde, el Tribunal B de Mayor Riesgo aceptó un audiovisual con los testimonios de las 15 en anticipo de prueba por la edad y padecimientos de algunas, destacó.
"Sin embargo, la apertura de juicio no fue aprobada hasta 2013, mas el juez dejó fuera a cuatro de las 15, por no haber estado recluidas de modo permanente en Sepur Zarco ya que lograron huir a la montaña", añadió.
El juez tampoco aceptó incluir a cuatros hombres afectados por situaciones similares, porque en su criterio no existe modo de establecer la responsabilidad contra los hechos que declararon, lamentó Barrios.
"Este camino no ha sido cosa fácil, proponíamos la imputación de siete exmilitares cuyas identidades fueron determinadas por las declaraciones de las víctimas, pero finalmente apenas pudimos llevar a proceso a dos", remarcó y mencionó que la orden de captura contra el coronel Estelmer Reyes Girón y el excomisionado Heriberto Valdez Asij fue ejecutada el 14 de junio de 2014.
Estas irregularidades y la decisión del OJ de cambiar en último momento la sede de la vista oral y pública por los crímenes en Sepur Zarco, motivaron la convocatoria a exigir este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia que el juicio sea en esa sala "por ser por hecho que marca historia en Guatemala ya que se juzgarán crímenes de guerra como: violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica cometido contra de mujeres mayas".

Denuncian impacto de modelo extractivista en mujeres en Guatemala

La violencia sexual, social y política recae sobre las campesinas e indígenas comprometidas con la lucha por el territorio ante el empuje de las empresas extractivistas en Guatemala, denunciaron hoy defensoras de los derechos humanos.

 Representantes de comunidades como La Puya, del municipio San José del Golfo, departamento de Guatemala; así como de San Rafael Las Flores, en el departamento sureño Santa Rosa, ejemplificaron estos hechos durante el Foro Una mirada a la industria extractiva desde la perspectiva de las mujeres.

En el evento, celebrado en el capitalino hotel Panamerican, las integrantes del panel aludieron a la constante represión, criminalización, persecución y vejámenes enfrentados por las activistas sociales de esas localidades, recogidos en un documento presentado en la jornada.
La publicación Dejar la vida por nuestra Madre Tierra, del Colectivo Ecologista MadreSelva, contiene experiencias, memorias y reflexiones de las protagonistas de la defensa de La Puya y de San Rafael Las Flores.
El texto fue elaborado con el respaldo de Oxfam Guatemala y destaca el papel esencial de ellas en la defensa del territorio frente a la irrupción de las empresas mineras, sin previa consulta y con el consentimiento del Estado.
"Este libro ofrece testimonios que inspiran y es un llamado a que organizaciones sociales y comunitarias, comunidad nacional e internacional, presten apoyo y acompañamiento a las acciones impulsadas por las poblaciones afectadas", afirmó la coordinadora del Programa de Género de Oxfam, Mónica Grau.
En tanto la diputada electa Sandra Morán recordó que en el sector mujeres "hemos hablado de cinco territorios en disputa: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia, porque quienes nos han gobernado y quienes nos gobernarán quieren reescribir la historia y seguir acallando nuestras luchas".
"La violencia es y ha sido una política de Estado, ahora se habla de femicidios pero las huellas que exhiben los cuerpos de las víctimas de la violencia son iguales a las que propinaban durante la guerra los militares que en esta época entrenan a los policías guatemaltecos", declaró.
Datos ofrecidos por las panelistas sugieren que en Guatemala ocurre un femicidio -o crimen contra una mujer por razones ligadas a su sexo- cada 10 horas y que una de cada 10 sufrió algún tipo de violencia.
Hicieron referencia, además, al vínculo entre un modelo económico basado en el extractivismo y la violencia contra las féminas, particularmente contra las campesinas e indígenas.
El gran reto de las mujeres en esta coyuntura es hacer más redes, es estar juntas entre ellas, pero también con los hombres, porque cuando hablamos de lucha también los incluimos a ellos, coincidieron.

 

Honran con vigilia a mujeres víctimas de la violencia en Guatemala

Las miles de mujeres muertas de manera violenta en Guatemala, resultado de la misoginia y la impunidad, serán honradas hoy con la tradicional vigilia anual frente a la sede capitalina del Ministerio de Gobernación.

Como en ocasiones anteriores, en esta décimo quinta edición de ese acto de protesta participarán familiares de las víctimas de lo que activistas sociales califican de genocidio en este país, por la gran cantidad de pérdidas de vidas humanas que deja cada año.
Datos aportados por la Coordinadora 25 de Noviembre, integrada por las más de 60 agrupaciones femeninas que siempre organizan la vigilia previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, refieren que 615 guatemaltecas murieron brutalmente de enero al 10 de noviembre de 2015.
Esa cifra representa un incremento de 53 víctimas más de la misoginia y la impunidad, con relación a igual período del año 2012, cuando las fallecidas por esas causas sumaron 535, informaron representantes de la red en conferencia de prensa.
El bloque civil denunció que durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) devino práctica habitual el incumplimiento de leyes especiales y políticas públicas alcanzadas, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, así como el debilitamiento de las instituciones para el adelanto de las mayas, garífunas, xincas y mestizas.
Menciona el apagamiento premeditado de entidades estatales como la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer (Conaprevi), la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), el Foro Nacional de la Mujer y la Secretaría Presidencial de la Mujer.
"Hubo criminalización, judicialización, desalojo violento, y represión a comunidades que defienden la vida; y en estas, las más afectadas fueron las mujeres mayas, xincas, mestizas, campesinas y rurales, ya que en su mayoría son las que están al frente de estas acciones", agrega el documento.
También señala que se instaló en los territorios estados de excepción, que generaron acoso y violencia sexual por parte de miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército, quienes exigieron alimentación y hasta usurparon viviendas.
En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, la activista Xuana Mulul, de la Agenda Global de Mujeres Indígenas, precisó que estos y otros problemas recaen con más peso sobre las originarias por la discriminación y el racismo de larga data en Guatemala.
Xulul cuestionó la politización de la DEMI y la exclusión de las indígenas de las propuestas de políticas públicas, que casi nunca responden a las demandas de ellas de alcanzar mayor respeto a sus derechos humanos y acceso a los servicios públicos, ya sea de salud, de educación, u otros.

Progresos y fisuras en torno al matrimonio infantil en Guatemala

Con el Decreto 8-2015 el Congreso de Guatemala aumentó a 18 años la edad exigida como mínimo para contraer matrimonio y con ello este país saltó un peldaño hacia el reacomodo de su legislación a los tiempos.

La modificación del acápite al respecto en el Código Civil sacó a Guatemala de su condición de más atrasado en ese orden en Centroamérica, donde hasta el 5 de noviembre de 2015 era el único en permitir el casamiento de una niña.
Sin embargo, juristas coinciden en que esto es apenas un paso adelante en la solución de los problemas que motivaron la aprobación de ese proyecto con carácter urgente en el órgano legislativo: las alarmantes cifras de embarazos precoces y otros factores de riesgo para las niñas.
Guatemala ocupa el quinto puesto en América Latina por la cantidad de matrimonios de mujeres menores de edad que se efectúan y esto es asociado por especialistas a elevados niveles de analfabetismo, misoginia y pobreza en el territorio, donde más de 53 por ciento de la población vive en la miseria.
Informes del Ministerio de Salud dan cuenta de más de cinco mil 199 partos de niñas menores de 14 años y 74 mil adolescentes, de 15 a 19 años, sólo en 2014.
Mientras, continúa la polémica por la criminalización del aborto y la impunidad contra adultos maltratadores, a pesar de una trilogía de leyes contra la violencia aprobadas a partir de 1996.
La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Intrafamiliar (1996); la Ley contra el Feminicido y otras formas de violencia contra la mujer (2008), y la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009), son de gran utilidad pero insuficientes mientras el Estado no actué en consonancia con estas.
Según la procuradora adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales, pese a esos cuerpos jurídicos la violencia contra la mujer prácticamente aumentó y el feminicidio devino una de las formas más recurrentes de esta en el territorio, donde la impunidad en torno a esos casos oscila de 95 a 98 por ciento.
Cada vez son más las que se atreven a denunciar porque hay más conocimiento de las leyes e instituciones encargadas de apoyarlas, pero hay muchísimas denuncias y poquísimas respuestas, de acuerdo con Morales, citada por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua).
A su juicio una asignatura pendiente es la batalla por la prevención con relación a estos casos, llevarlo al plano de la educación y no solo a las escuelas y colegios legalmente establecidos, también a las universidades y a la educación no formal.
De manera similar se expresó el abogado Diego Tobar, en una conversación con Prensa Latina, acerca de lo que significaba la reforma de lo legislado sobre el matrimonio infantil en el mes de noviembre.
"Este es un intento del Estado o una respuesta para proteger a menores de edad de matrimonios forzados, que se da mucho en casi toda Guatemala por disímiles razones", consideró.
Mas acotó que "no es suficiente esa medida legal y más bien esta debe complementarse con políticas de Estado verdaderas en cuanto a protección a la niñez en materia de educación, salud, alimentación y otros, que llevan a pensar a algunas niñas o familias que la única salida a los problemas es el matrimonio".
El Código Civil o Decreto Ley 106 de Guatemala data del 14 de septiembre de 1963 y entró en vigencia el 1 de julio de 1964, bajo el gobierno de facto del coronel Enrique de Peralta (1963-1966), rememoró Tobar.
Acorde con ese cuerpo jurídico, en su forma original, las niñas con 14 años de edad y los varones con 16 están aptos para contraer matrimonio en este país, donde 52 por ciento de la población es menor de 20 años de edad y 76 por apenas llega a los 30.
Tobar hizo notar que la transformación operada a partir del Decreto 8-2015, que ratificó el proyecto presentado el 21 de enero de 2014 al plenario legislativo en el Expediente Número 4746, contempla un cambio en la edad mínima que deben tener los varones para contraer matrimonio, de 16 a 18 años.
Pero los legisladores también dispusieron que, de manera excepcional y por razones fundadas, un juez podrá autorizar el matrimonio de menores de 18 años, si pasan de los 16 y sin aceptarse la unión de hecho.
Frente a ese aspecto en particular despertó la controversia poco después del anuncio del paso hacia adelante dado con vistas a reducir las cifras de matrimonio infantiles y la dirección del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala fue una de las primeras en pronunciarse. Si bien la representación del organismo multilateral aplaudió la aprobación del Decreto 8-2015 del Congreso, también alertó sobre las excepciones contempladas en ese cuerpo jurídico.

"Los matrimonios de menores de edad violan derechos fundamentales, principalmente de niñas y adolescentes, exponiéndolas a mayor vulnerabilidad tanto física, psicológicas y legales", señaló.
Reconoció que el Decreto 8-2015 constituye un avance al equiparar la edad de matrimonio para niñas y niños, eliminar la autorización de padres de familia y tutores, y al obligar a jueces y juezas a escuchar a la persona menor de edad.
Destacó la prohibición en este de las uniones de hecho en menores de edad, sin que esto retire la paternidad responsable ni el reconocimiento de derechos una vez cumplida la mayoría de edad.
Consideró que la sujeción a la autorización paterna, establecida en la anterior ley al respeto, en muchos casos se transformó en una imposición de los adultos para obligar a menores de edad -mayoritariamente niñas- a casarse sin su consentimiento.
Sin embargo, advirtió que al permitir la excepción a partir de los 16 años, por resolución judicial y sin determinar qué circunstancias justificarían dicha decisión, la ley deja un resquicio en favor de la discrecionalidad de jueces y juezas el autorizar o no el matrimonio en esos casos.
"Esto contraviene los convenios internacionales en materia de derechos humanos", subrayó y remarcó la importancia de desarrollar legalmente y definir con precisión las causas/situaciones en las cuales aplica la excepción para que la cultura y la tradición no sean esgrimidas como justificantes en ciertos casos.
El Sistema de la ONU en Guatemala instó a los jueces a aplicar criterios restrictivos en el uso de la única excepción de esta reforma legal con base en el interés superior y los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes, garantizando su consentimiento libre, pleno e informado.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y seguidores de estas temáticas insistieron casi de forma paralela en la necesidad de ver el cambio legislativo al respecto como un paso adelante y no más.
Concordaron en que esta victoria de las organizaciones que velan por los derechos de la niñez sobre una asamblea legislativa cuya actitud no parecía proclive a aceptar un cambio tan radical del estatus quo, es solo el paso inicial en la consolidación de una transformación sustancial en la vida de niñas y mujeres.
Los legisladores mantuvieron algunas opciones abiertas que podrían ser utilizadas para evadir el mandato legal y continuar con tradiciones machistas y discriminatorias características de la sociedad guatemalteca, apuntaron.
De cualquier manera esta nueva legislación, agregaron, representa una esperanza de cambio al limitar de manera estricta la costumbre ancestral de casar a las niñas con adultos en una práctica humillante y perversa.
Lamentablemente las violaciones, embarazos precoces, explotación sexual y trata, continuarán existiendo largo tiempo en esta sociedad, admitieron, más está abierto el camino para iniciar una labor de concientización y educación en aras de propiciar un cambio favorable a miles de niñas en riesgo.